PSOE y PP cierran la renovación del Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo
El cambio no altera la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional
El PSOE y el PP han acordado la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2019, y han pactado además el recambio para doce consejeros del Tribunal de Cuentas, además de situar a Ángel Gabilondo como futuro Defensor del Pueblo.
Fuentes del PSOE y del PP han hecho un anuncio conjunto de los nombres que renovarán estas tres instituciones y la Agencia de Protección de Datos, un pacto que sin embargo no alcanza el Consejo General del Poder Judicial, donde ambos mantienen posturas alejadas: el PP pide un cambio en el método de elección y los socialistas quieren mantener el sistema vigente.
Tribunal Constitucional
El acuerdo supondrá la incorporación de cuatro nuevos magistrados al Tribunal Constitucional: Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes; Concha Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.
La renovación no alterará sustancialmente el reparto de mayorías en el tribunal de garantías, con un sector conservador predominante, pero corregirá la anomalía de contar con un magistrado menos y dará oxígeno a un tribunal en el que el ambiente se ha enrarecido en los últimos meses.
Los conservadores mantienen una mayoría de 7 a 5 en el pleno a la espera de la renovación de otros cuatro miembros en 2022 (los magistrados del TC tienen mandatos de nueve años y las renovaciones se acometen de cuatro en cuatro cada tres años). Sobre la mesa hay asuntos tan relevantes como la eutanasia, el segundo estado de alarma, la Ley Celáa o el aborto.
El nuevo presidente saldrá, según una norma no escrita que determina que se elige entre los cuatro magistrados que se encuentran en el último tercio de su mandato, de entre los conservadores Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares y el progresista Juan Antonio Xiol.
Tribunal de Cuentas
Para el Tribunal de Cuentas, proponen a Enriqueta Chicano Jávega (consejera del propio Tribunal), Isabel Fernández Torres (profesora de Derecho Mercantil de la UCM), Dolores Genaro Moya (consejera del Tribunal de Cuentas), Elena Hernáez Salguero (expresidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid) y Diego Íñiguez Hernández (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo).
También a Rebeca Laliga (subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia), José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil), Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona), Javier Morillas (catedrático de Economía Aplicada), Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado del Colegio de Vizcaya), Mª Luz Rodríguez Rodríguez (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona) y Miguel Ángel Torres Morato (fiscal jefe del Tribunal de Cuentas).
Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos
Para el Defensor del Pueblo, proponen a Ángel Gabilondo, catedrático de Metafísica de la UAM, exministro de Educación y diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid; y como Adjunta Primera a Teresa Jiménez Becerril, diputada del PP y presidenta de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril.
En el caso de la Agencia Española de Protección de Datos, proponen como directora a Belén Cardona Rubert (catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia), y como Adjunto a Borja Adsuara Varela (abogado y consultor en derecho digital).