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Energía

Iberdrola se compromete a asumir el coste de la subida de la luz si el Gobierno retira el decreto

CINCO DÍAS

Iberdrola emitió este jueves un comunicado en el que se compromete a asumir, "en la medida de sus posibilidades", el incremento de los costes energéticos "para no trasladar a la industria española la situación de los mercados internacionales", siempre y cuando el Gobierno retire el decreto que grava los conocidos como "beneficios caídos del cielo".

En un comunicado, la eléctrica insiste en que el Gobierno "debe entender que no se debe gravar la producción en un momento tan delicado, especialmente tras comprobar que no se han producido beneficios extraordinarios".

Por ello, insta al Gobierno a "corregir" sus medidas -que, a juicio de la eléctrica, "no se han hecho bien"- para llegar a un acuerdo. En este sentido, la compañía dirigida por Sánchez Galán defiende que han ahorrado 2.000 millones de euros a la industria por el hecho de mantener los precios pactados.

"Ahora que parece evidente ya para todo el mundo que las empresas eléctricas no se han beneficiado en modo alguno del incremento de los precios eléctricos, sino que, muy al contrario, han soportado costes desorbitados del precio del gas natural, el Gobierno debe corregir dos errores, el Real Decreto y la Ley, que bien seguro se produjeron por falta de información", reza el comunicado de Iberdrola.

En caso de que el Gobierno retire el decreto, la compañía asegura que renovará los contratos de los clientes que lo soliciten con el fin de evitar un problema de costes. "La primera compañía energética española y segunda del mundo asumirá ese esfuerzo en la medida de sus posibilidades siempre y cuando se retire la tasa a las energías renovables", prosigue el escrito.

El Gobierno aprobó un real decreto ley el pasado mes de septiembre para reducir el precio de la electricidad y rebajar la factura de la luz en hasta un 22% hasta final de año. Según fuentes ministeriales, estas medidas podrían suponer a las eléctricas un coste de 2.600 millones de euros hasta marzo de 2022, cuando se prevé que deje de estar en vigor.

Las eléctricas no acogieron bien esta medida y las fricciones entre el Ejecutivo y el sector han sido notables. El último episodio aconteció este martes, cuando Iberdrola y Endesa optaron por no presentarse a la subasta de 3.300 megavatios (MW) de energías renovables. Ahora, Iberdrola calcula que este real decreto-ley supone un "grave perjuicio" de 1.000 millones de euros mensuales para las empresas eléctricas españolas.

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