UATAE propone una línea de avales públicos para el acceso al alquiler de autónomos
El CJE alerta de que solo un 15,8% de los jóvenes entre 16 y 29 años se han independizado
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha propuesto que se ponga en marcha una línea de avales públicos que faciliten el acceso al alquiler a los autónomos.
El último informe del Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España (CJE) alerta de que solo un 15,8% de los jóvenes entre 16 y 29 años se han independizado. Se trata de la cifra más baja de los últimos 22 años. UATAE ha pedido que este problema se aborde como un “asunto de Estado” al considerarlo un “problema estructural”.
La organización ha indicado que muchos autónomos se enfrentan a una serie de trabas para poder acceder al alquiler de una vivienda. Algunas de las condiciones que se les exigen son el presentar nóminas o contratos laborales indefinidos.
Desde UATAE reclamen que la ley de Vivienda comprometa a las administraciones a habilitar una línea de avales públicos.
Condiciones “draconianas”
La secretaria general de UATAE, María José Landaburu, ha advertido que los problemas de acceso a la vivienda están “impidiendo que muchos jóvenes que viven de su trabajo por cuenta propia y ya soportan una precariedad estructural muy dura en términos de falta de derechos y protección social, puedan acceder a una vivienda en alquiler”.
Landaburu ha insistido en que las condiciones que se les exigen a los autónomos son “draconianas”. La secretaria general ha añadido que los organismos públicos y programas de ayuntamientos y comunidades autónomas de intermediación entre oferta y demanda deberían facilitar el alquiler a ambas partes.
Para UATAE, la administración debería dar respuesta a esta situación. Pide que la administración ponga coto a las condiciones “abusivas” con el objetivo de dar respuesta a los pequeños arrendadores.
A su juicio, la solución debería ser una línea de avales públicos para aquellos trabajadores autónomos a los que les es imposible acreditar un contrato de trabajo de un empleador. Según dice la secretaria general, tanto el Estado como las comunidades autónomas deberían establecer un fondo que gestione “con todas las garantías pero de manera ágil, con la mínima burocracia”.
