Transición verde: elevados costes a corto plazo para obtener beneficios a largo
Los altos precios de la energía impactarán en la inflación y en las finanzas de empresas y particulares, según los expertos La decisión de acelerar a 2030 la reducción de emisiones de carbono y alcanzar la neutralidad climática para 2050 pasará factura a muchos sectores industriales
Los objetivos fijados por las sucesivas cumbres del clima obligan a Gobiernos, empresas y consumidores a acelerar el tránsito a una economía y una forma de vida descarbonizada, en la que las fuentes energéticas contaminantes perderán peso en favor de las de origen renovable, con el consiguiente giro en todos los procesos industriales y la movilidad.
Aunque aparentemente se hayan establecido fechas relativamente alejadas para lograr los objetivos de tránsito energético, los fijados para 2030 están a la vuelta de la esquina, y las decisiones tomadas exigen un cambio de comportamiento que aflora un encarecimiento súbito de la energía y de la provisión de bienes y servicios no suficientemente calculado.
Sobre los costes y beneficios de la transición hacia una economía verde han debatido los cinco expertos sentados a la mesa digital de Foro Futuro, el observatorio de tendencias económicas organizado por CincoDías en colaboración con Banco Santander. El consenso es generalizado: existe un optimismo razonable sobre los beneficios a largo plazo del cambio a una economía climáticamente neutra, pero esta no es razón para ignorar los altos costes de esa transición, sobre todo a corto plazo. La escalada de precios de la energía, del gas o del petróleo que está disparando el precio de la luz supera ya el carácter coyuntural que siempre registraron este tipo de magnitudes, y amenazan con provocar cuellos de botella en los procesos productivos y subidas de precios que lleven la inflación a tasas no deseadas, y con ellas, subidas de los tipos de interés que encarezcan la financiación de empresas y particulares.
Diego Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de Fedea, ha colocado el marco al debate para arrojar luz sobre los altos costes que supone alcanzar un futuro descarbonizado. “El contexto muestra una realidad urgente”, anuncia Rodríguez. “El último trabajo realizado por el panel de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas ha vuelto a enfatizar las graves consecuencias medioambientales de las alteraciones en el sistema climático del planeta que ya están ocurriendo”. Por tanto, la descarbonización es un reto ambiental, aunque también económico. “Se trata de la mayor externalidad negativa que hemos observado nunca vinculado a la actividad productiva”, añade el catedrático. La demanda de energía, lejos de disminuir, va a seguir creciendo. “Dos tercios del consumo en España sigue basado en hidrocarburos”, apunta Rodríguez. Por ello, el experto defiende la necesidad de dedicar medidas estructurales a largo plazo para minimizar los efectos adversos de la transición energética.
La decisión de acelerar a 2030 la reducción de emisiones de carbono y alcanzar la neutralidad climática para 2050 son objetivos “tremendamente ambiciosos”, según Rodríguez, que, además obligan a la Comisión Europea a establecer medidas concretas para cumplirlos. Y no serán gratis. “El principal es el coste vinculado al cambio a fuentes no contaminantes, que va a implicar inversiones masivas de 350.000 millones de euros anuales más en el periodo 2021-2030 que en decenio anterior para el conjunto de la UE”, indica. Además, estas inversiones se van a desarrollar en un contexto de fuerte incertidumbre tecnológica, como por ejemplo el desarrollo del hidrógeno verde. Otro coste importante será el redistributivo. “Los efectos de la transición serán desiguales, no solo entre vectores energéticos, sino también entre productores y consumidores, entre hogares y entre territorios”, explica el experto. Por tanto, es necesario crear políticas para mitigar estos desequilibrios.
El coste de no hacer nada
En opinión de Fernando Fernández, profesor de Economía del IE Business School, no se pueden comparar los costes conocidos en el corto plazo con aquellos que son inciertos en el largo. “Sabemos que los costes de transitar hacia un mundo sostenible son ciertos, inmediatos y se pagan ya, como estamos viendo con el precio de la luz, mientras que los costes de no hacer nada son inciertos y se desarrollarán en 50 años”. Para Fernández, “hay mucho mesianismo en este asunto, y lo que se precisa es debate racional; la clave es saber cómo se financia todo esta transición; ahora la gente es muy fans de la transición, pero cuando tenga que pagarlo, ya veremos”. A su juicio, “nadie se cree los objetivos de 2030, porque es imposible pagarlos”.
Francisco Pérez, profesor emérito de Análisis Económico de la Universitat de València y director del Ivie, coincide con Fernández aunque añade un matiz. “Los costes de la transición van a ser importantes, pero no llegar a tiempo para frenar el cambio climático tendría un coste mucho más decisivo”.
Manuel Pérez de Castro, responsable de regulación de riesgos en Santander y presidente del Grupo de Trabajo de Riesgos ESG en la Federación Bancaria Europea (EBF), se muestra más cauto. “Puede que haya determinados puntos de inflexión que sean irreparables, lo que convertiría los costes futuros inciertos en ciertos, ya no habría costes actuales que lo puedan contrarrestar, lo que nos insta a actuar ahora, aunque sin precipitarnos”.
Según indica Pérez, tener información para valorar los riesgos es fundamental. “Necesitamos bancos de datos climáticos que hagan operativas las valoraciones de los riesgos, bancos de datos económicos financieros, y que las empresas conozcan evaluaciones reales de sus impactos”, dice. “Tenemos mucho que avanzar en el plano de los esfuerzos institucionales en la generación de información para que las decisiones comiencen a tomarse teniendo en cuenta los riesgos medioambientales sobre bases científicas más firmes”, comenta.
Energía nuclear
En opinión de Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada y director de estudios financieros de Funcas, “España no se ha planteado tener un modelo energético claro”. Y se pregunta: “¿Cómo puede ser que teniendo la posibilidad y la infraestructura para la energía nuclear hayamos perdido esa fuente por una decisión política de muchos gobiernos?”. Según el experto, en materia nuclear, España ha seguido el modelo alemán, lo que considera un error estratégico, ya que nos hace más dependientes y vulnerables a otras fuentes que hay que importar. Fernández, por su parte, coincide con el catedrático: “España tiene un parque nuclear que deliberadamente quiere reducir su contribución en el tiempo lo que me parece un error de fondo que encarecerá aún más esta transición”.
Para Carbó, España está recogiendo los frutos de no haber tenido una política energética coherente. “La sustitución de los combustibles fósiles a los ritmos óptimos no se ha hecho a tiempo y la pandemia no ha mejorado la situación”. Además, Carbó insiste en lo conveniente de conocer la estrategia que se seguirá año a año hasta conseguir los objetivos de descarbonaización en 2030.
La financiación que piensa en verde.
Tal y como advierte el Banco Central Europeo, la transición verde supone riesgos para la banca así como para todas las empresas. Desde Banco Santander, Manuel Pérez de Castro explica los costes de modificar el patrón de consumo. “El balance que tenemos que valorar está entre el cuánto cuesta y en qué momento”, advierte.
En cualquier caso, el necesario giro radical al modelo productivo es irreversible. “Los costes de actuar pronto compensan sobradamente los costes de no actuar a tiempo”, afirma Pérez de Castro. En cualquier caso, desde el grupo Santander abogan por una “transición ordenada”. “No queremos ni solamente financiar lo verde ni dejar de financiar lo que no es sostenible a día de hoy; queremos financiar el camino hacia la sostenibilidad de todos nuestros clientes”, anuncia. Según el experto, la financiación de la transición verde no debería recaer solo sobre los bancos, también sobre los Gobiernos, “que deben empezar a concretar métodos y medidas”, apostilla. Pérez de Castro diferencia entre tres tipos de clientes a la hora financiar la transición: las grandes empresas (“son conscientes de las implicaciones de la apuesta verde”), los individuos (“hay mucha sensibilidad hacia el cambio climático”) y las pymes. “Las pequeñas y medianas empresas, aunque conscientes del cambio climático, no tienen recursos para dedicar a la transición y antes les preocupa cómo pagar a sus empleados que apostar por lo verde”, advierte.
En definitiva, los bancos piden claridad internacional y coordinación. “No nos podemos permitir diferentes regulaciones o metodologías según la parte del mundo; en un contexto donde la credibilidad es muy importante, no podemos obtener resultados distintos por aplicar metodologías distintas en cada país”, concluye Pérez de Castro.
“Estamos viendo un creciente interés por parte de nuestros inversores por productos que cumplen lo necesario para ser etiquetados como sostenibles”, añade el experto de Santander. “No obstante, tenemos que ser muy cuidadosos con ese etiquetado y en eso no nos ayuda la incertidumbre regulatoria u otros datos que tienen margen de mejora”, advierte Pérez de Castro.
En cualquier caso, el banco tiene conocimiento para etiquetar productos como sostenibles. “Hay apetito especializado en estos productos y cada vez se está extendiendo a otros agentes no tan especializados, incluso los consumidores minoristas nos preguntan por las hipotecas verdes o las tarjetas comprometidas con el cambio climático”, añade. “Este tipo de inversiones están ganando cierta atracción entre nuestros clientes pero gozarían de mayor peso si se despejaran todas las incertidumbres regulatorias y de datos que aún existen”, insiste.