Las fechas clave (y los retos) del nuevo curso judicial

El bloqueo en la renovación del CGPJ paraliza el relevo de jueces, mientras el Supremo tiene pendiente resolver el recurso sobre los indultos del procés

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ
Carlos Lesmes, presidente del CGPJ

Los jueces y magistrados arrancan este lunes un año judicial con curvas. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quizás el proyecto legislativo más ambicioso en materia procesal de los últimos años, serán el telón de fondo del primer año de Pilar Llop como ministra, donde la actividad en los juzgados se prevé especialmente intensa.

El calendario tiene marcadas varias fechas en rojo. La agenda arranca el 14 de septiembre, con la celebración del juicio en el Tribunal Supremo al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por presuntos delitos de atentado a agentes a la autoridad y un delito leve de lesiones.

En octubre, el comisario José Manuel Villarejo se sentará por primera vez en el banquillo de la Audiencia Nacional por la operación Tándem. Será juzgado por las piezas 2, 3 y 6 de la treintena que componen la causa. Por ellas, la Fiscalía pide para él 109 años de cárcel.

Un mes más tarde tendrá lugar, en el mismo tribunal, el juicio sobre una de las ramas de la trama Gürtel. El PP volverá a ser acusado como participe a título lucrativo, en esta ocasión, por beneficiarse de las actividades irregulares de Arturo González Panero como exalcalde de Boadilla del Monte. Anticorrupción pide 40 años de cárcel para González Panero y 76 para Francisco Correa.

Asuntos pendientes

Dos eventos de especial importancia marcan la agenda del Tribunal Supremo este curso. En primer lugar, el martes 19 de octubre está previsto que la Sala de lo Contencioso-Administrativo resuelva los recursos contra el nombramiento de la que fuera ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado.

En segundo término, el Alto Tribunal tiene pendiente resolver el recurso de Ciudadanos, PP y Vox contra los indultos concedidos a los nueves condenados del procés. Los magistrados pueden optar por revocarlos – lo que supondría la vuelta a prisión de los condenados – o confirmar su libertad de forma definitiva. Es probable que esta decisión se posponga a 2022.

Por la criba de la justicia pasará otro importante proyecto del Ejecutivo: la nueva ley de educación (LOMLOE). El Tribunal Constitucional admitió a trámite, en abril, los recursos del PP y Vox contra la norma impulsada por Isabel Celaá, al considerar que va en contra de la libertad de elección de centro y por atacar al castellano como lengua vehicular.

Otra causa de alto voltaje, y que también revisará el máximo intérprete de la Carta Magna, será el estudio de la legalidad del segundo estado de alarma. El TC ya declaró ilegales las restricciones del primer estado de alarma por considerarlo una medida insuficiente (era necesario un estado de excepción), aunque con una división interna importante.

Más allá de los juicios, el ministerio que comanda Pilar Llop desde julio tiene como principal misión la renovación del CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces la semana pasada cumplía mil días en funciones.

Renovar el CGPJ

La tarea es necesaria para renovar los sillones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. A principios de año, el Gobierno reformó la ley para prohibir las promociones a vacantes cuando el mandato del Consejo había expirado. A pesar de su condición interina, el CGPJ realizó 33 nombramientos discrecionales en 2020, incluidas tres presidencias de salas del Tribunal Supremo.

Algunos rumores apuntaban a la dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, como la baza para desbloquear las negociaciones. El propio Lesmes, sin embargo, manifestó esta semana que no tiene intención de optar por esta vía. La cuestión le fue planteada, en julio, en su propio despacho, por representantes de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD).

El Consejo más bien tantea otras opciones. Como ocupar las vacantes urgentes con magistrados jubilados, solo de forma provisional. La apretada agenda judicial del Tribunal Supremo para este curso exige una actuación rápida. Solo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo hay cinco vacantes por fallecimiento o jubilación. Precisamente, es la Sala que se encargará de decidir sobre los indultos y estudiará la idoneidad de Delgado como Fiscal General del Estado.

Los retos de la nueva ministra de Justicia

Reforma de la ley procesal. Adoptar el proceso judicial español a las exigencias comunitarias será otra de las grandes tareas de la nueva ministra. El cambio del modelo procesal exige una reforma transversal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la norma maestra de los juicios penales en España. El objetivo es que el fiscal asuma las riendas de las investigaciones judiciales, una tarea que hasta el momento realizaba el juez instructor. Para ello, tendrá bajo su batuta la dirección de la Policía Judicial y dirigirá los tiempos de las investigaciones judiciales. Un juez de garantías hará las veces de vigilante.

Aumentan los pleitos. La paulatina vuelta a la normalidad y la reactivación de la economía traerá un aumento de los pleitos. Es previsible que el fin de los ERTES, la explosión de concursos o el fin del teletrabajo traigan consigo un aumento de los litigios. Según el informe estadístico Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2021 del CGPJ, todos los órdenes jurisdiccionales, menos el penal, recibieron ya más asuntos en el primer trimestre del año. En civil los casos aumentaron un 24,6 por ciento; un 18,6 por ciento en lo contencioso-administrativo y un 14,6 por ciento en lo social.

Acabar con el papel. Llop manejará un presupuesto de 410 millones de los fondos de la Unión Europea para arrancar con la agenda de Justicia 2030. Dos de cada tres euros irán destinados a la transformación digital.

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