El Gobierno obligará a Netflix, HBO y Amazon a contribuir a la financiación de RTVE con el 1,5% de sus ingresos
A los operadores se les exime de pagar su tasa del 0,9%, pero se les mantiene la aportación de la tasa del espectro. Además, RTVE podrá obtener ingresos con patrocinios y publicidad en sus canales internacionales y contenidos digitales
El Gobierno obligará a las plataformas internacionales de vídeo en streamingcomo Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime Vídeo o Youtube a contribuir a la financiación de RTVE a través de una tasa del 1,5% de sus ingresos anuales en España, aunque se facturen desde otros países. Así lo han explicado fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, quienes han desvelado hoy las novedades recogidas por el anteproyecto de ley general de Comunicación Audiovisual, que volverá a someterse a audiencia pública hasta el 12 de julio.
La modificación "más relevante" se refiere al sistema de financiación de RTVE. El nuevo texto establece que la financiación de ente público se realice con aportaciones de todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia, es decir, televisión lineal en abierto, televisión lineal de pago, prestadores de vídeo bajo demanda y plataformas de intercambio de vídeos.
Las mismas fuentes han subrayado que deberán realizar las aportaciones tanto aquellas plataformas que estén establecidas en España, "porque aquí aplica el principio de país de origen", como las que estén en otros países de la UE, “siempre que ofrezcan sus servicios en España”.
Con esta modificación, que habían reclamado las telecos desde hace tiempo y grandes grupos audiovisuales como Atresmedia y Mediaset, lo que se pretende es dar un paso más para establecer “un terreno de juego equilibrado para todos los actores del sector y que todos tengan las mismas obligaciones”, han remarcado desde la Secretaria, que insiste en que la nueva ley persigue como objetivo último "consolidar y reforzar la industria audiovisual española".
En el nuevo anteproyecto de ley también se elimina la aportación directa que realizan los operadores de telecomunicaciones por la parte de su negocio que no se corresponda a la actividad audiovisual. Una tasa del 0,9%. "Dichas aportaciones se sitúan entre 100 y 120 millones de euros al año”, han detallado. Es decir, a las telecos solo se les mantiene la aportación de la tasa del espectro, una contribución que en la actualidad asciende a 410 millones, según se había fijado en los presupuestos de este año.
Además, el nuevo texto también habilita nuevas fuentes de ingresos para RTVE. El ente público podrá monetizar ciertas formas de publicidad, como patrocinios o publicidad en sus canales internacionales y contenidos digitales. Se permitirá también la inserción de publicidad en los canales de RTVE en plataformas de intercambio de vídeos generados por usuario, como Youtube, o funcionalidades digitales que permitan el acceso a sus contenidos con posterioridad a su emisión lineal.
La Ley de Financiación de RTVE, que entró en vigor en 2009, establece una tasa a los canales privados en abierto del 3% de sus ingresos brutos; a los de pago, del 1,5%, y a empresas de telecomunicaciones, del 0,9%. Con esta tasa, el Gobierno de José Luiz Rodríguez Zapatero quiso compensar los ingresos que el ente público iba a perder al suprimir la emisión de publicidad por completo.
Las fuentes señaladas han subrayado que “todos estos cambios harán que queden compensados los ingresos recibidos por RTVE. No prevemos que el ente vaya a sufrir un deterioro en sus cuentas por este cambio en su sistema de financiación, con los nuevos ingresos que se pueden producir y el incremento de la tasa de espectro que se produciría”.
Como han explicado desde la Secretaria de Estado, en los años anteriores lo que se venía dedicando de la tasa del espectro a RTVE eran 380 millones, este año se subió a 410 millones y ahora, si se aprueba el nuevo texto, subiría a 480 millones.
El nuevo texto del anteproyecto de ley refuerza igualmente la promoción de obra audiovisual europea en obras de productor independiente, incrementando las obligaciones de inversión. Los prestadores que estén obligados (entre ellos las plataformas citadas) deben cumplir dos obligaciones, cuyos porcentajes no se suman entre sí. La primera, destinar el 3,5% a obra audiovisual, en cualquier formato, de productor independiente que además deberá realizarse en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Este porcentaje supone un incremento respecto al 0,9% actual.
La segunda, destinar el 2% a la financiación de cine de productor independiente que también deberá realizarse en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. Esta obligación ya figuraba, como señalan las fuentes, en el texto de la primera audiencia y supone un incremento respecto del 1,8% vigente.
Respecto a la definición de productor independiente, se mantiene la del texto sometido a primera audiencia, que considera independiente a todo aquel que no esté vinculado empresarialmente con un prestador de servicios de comunicación audiovisual obligado a cumplir con la obligación de financiación de obra audiovisual europea.
El texto también recoge de forma explícita el respeto a la igualdad y la no discriminación por cuestión de género, al tiempo que se incorpora la promoción de códigos de autorregulación que protejan a los usuarios frente a contenidos que puedan atentar contra la dignidad de la mujer o fomenten valores sexistas, discriminatorios o estereotipados. Además, la nueva disposición adicional tercera prevé el fomento a la producción de obras audiovisuales dirigidas o producidas por mujeres a través de las convocatorias de ayudas con cargo al Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual.
En cuanto a la protección de menores, el anteproyecto retoma la franja de protección reforzada de la tarde en las televisoines en abierto, dado el reconocimiento y la extensión de su uso por parte de los usuarios. En lo que se refiere a la publicidad de bebidas alcohólicas se prohíbe que se dirija específicamente a menores, y dé la impresión de que su consumo contribuye al éxito social o sexual, o lo relacione con ideas o comportamientos que expresen éxito personal, familial, social, deportivo o profesional.
La Secretaria de Estado prevé poder completar la tramitación para aprobar la nueva ley en Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de noviembre. Dependerá de los comentarios o alegaciones que reciban y de las tramitaciones internas que deben realizar, pero todo apunta que verá la luz verde a principios de 2022.
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