Los bufetes piensan en verde para los fondos UE
La abogacía demanda especialistas en medio ambiente ante la llegada de las ayudas
La revolución verde llega al sector legal. El terremoto provocado por los Fondos Next Generation dejará en los países de la Unión una lluvia de 750.000 millones de euros en ayudas a proyectos de digitalización y transición ecológica, y de paso, importantes cambios en el mundo de la abogacía.
El sector demanda expertos en cuestiones medioambientales para encarar horas de negociación y complejas licitaciones públicas, un escenario donde los letrados jugarán un papel importante. Desde que la Comisión Europea asignó las primeras partidas en enero, la abogacía vive su particular baile de fichajes. Cotizan al alza especialistas en áreas como administrativo, nuevas energías y transición ecológica, pero también personas ajenas al mundo jurídico, como economistas, informáticos, ingenieros o matemáticos.
Sin ir más lejos, hace solo unas semanas Gómez-Acebo & Pombo (GA_P) incorporaba a sus filas a Vanessa Armas para reforzar el área de Energía. Armas es experta en operaciones de financiación de proyectos de infraestructuras y energías renovables. El fichaje se suma al de Eduardo Orteu, experto en cuestiones de sostenibilidad, medio ambiente y aguas, quien pasa al sector privado desde el Ministerio de Transición Ecológica.
El bufete tiene claro que hay que estar preparado para dar asesoramiento, una vez el grifo se abra del todo. “Hemos reforzado estas áreas para hacer frente a la llegada de Fondos UE con incorporaciones tanto en la oficina de Madrid como en Barcelona, en particular con abogados que tienen gran experiencia en la Administración Pública”, apuntan sus socios.
También hay cambios en Broseta. En abril, la firma anunció la llegada de Andrés Campaña como socio para reforzar el área de práctica de transición ecológica. La jugada no es casual, ya que el jurista atesora 16 años de experiencia en Iberdrola. Su contratación, apunta el despacho, “va más allá de la gestión inmediata de los fondos europeos para la recuperación”, aunque admiten que “su perfil es y será esencial en el ámbito del asesoramiento en estas ayudas”.
Las firmas internacionales también mueven ficha en la carrera ecológica. Bird & Bird amplió equipo en marzo con la bienvenida en España a Alfonso Bayona, otro especialista en recursos naturales e infraestructuras. Para Coral Yáñez, socia de Derecho Público y codirectora nacional del bufete, la llegada del experto al despacho, antes en Fomento de Construcciones y Contratas, “aporta una experiencia singular en el sector de la gestión de residuos, la economía circular y el medio ambiente”.
“Bayona aúna una dilatada experiencia en operaciones mercantiles y financieras en el sector energético y de las infraestructuras que nos permite ampliar nuestra base de clientes ante las nuevas oportunidades que se abren en los sectores de la energía y del medio ambiente”, recalca Yáñez.
Precisamente, en el mismo mes, la multinacional de abogados Dentons incorporaba a Fermín Garbayo, ex Gómez-Acebo y Pombo, como nuevo líder de Energía en España. Su currículum registra una dilatada experiencia en operaciones de adquisición y financiación de proyectos de energía renovable. Daniel Vázquez, socio director del departamento de Derecho Público y Medio Ambiente del bufete, señala que su fichaje “es una muestra más de nuestra decidida voluntad de acompañar a nuestros clientes en su transición hacia un modelo energético bajo en emisiones de carbono”.
Filón de negocio
De ser un área casi desconocida hace apenas dos décadas, el derecho medioambiental ha pasado a ocupar la primera línea de los intereses de los despachos. ¿Qué ha cambiado? Para Rosa Vidal, socia directora de Broseta, los Acuerdos de París en 2015 y la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de Naciones Unidas marcaron un antes y un después. Desde entonces “las firmas de servicios jurídicos han visto potenciados sus servicios de asesoramiento energético y medioambiental”, asegura la abogada.
La enorme inversión en renovables de los últimos 15 años es, según Fermín Garbayo, solo la punta del iceberg del fenómeno. La electrificación del transporte y los acuerdos de suministro de energía renovable a largo plazo (PPA, de Power Purchase Agreement) han marcado una parte importante de la agenda de los letrados especializados en medio ambiente.
Sin embargo, la transición ecológica será algo más que premiar el uso de renovables. El Pacto Verde (European Green Deal), firmado en 2019, marca el objetivo de conseguir una Unión Europea climáticamente neutra en 2050, lo que plantea una auténtica revolución industrial.
Este rumbo abre horizontes poco explorados por los abogados, explica Garbayo. Como los proyectos en el ámbito del hidrógeno verde, la potenciación de las centrales hidroeléctricas reversibles o la apuesta por la agricultura sostenible. La descarbonización de la industria también trae un filón de negocio para los despachos. El jurista asegura que “todas las firmas de nuestro entorno se están posicionando en atraer talento que permita responder a las demandas de nuestros clientes en estos sectores”.
Criterios de reparto
Los equipos jurídicos son los encargados de analizar si los proyectos candidatos a los fondos son lo suficientemente verdes, esto es, si cumplen los requisitos que marca el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea para construir “una economía más preparada para los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica y digital”.
Para acceder a la financiación, los proyectos pasan primero por la lupa de la Administración. Las peticiones deben cumplir con los objetivos del plan y presentar una idea que ayude a la transformación digital del país. Carlos Vázquez, socio coordinador de Derecho Público de GA_P, explica que, en una primera fase, se estudia si el proyecto se adapta a los criterios y si sigue una política de referencia. Si pasa el filtro, se analizan las condiciones de cada convocatoria de forma más técnica. En este punto se miden factores como “el grado de cofinanciación, el tipo de gasto elegible o las condiciones subjetivas para ser beneficiario”, explica el letrado.
El equipo de LABE Abogados recuerda que la propuesta “debe ser viable técnica, económica y financieramente”. Es necesario contar con un poder de autofinanciación de al menos un 25 por ciento. Además, la idea debe fomentar el empleo y la diversificación de la producción para “atender a mercados de productos nuevos y adicionales”, o bien, traer “una transformación fundamental” en un establecimiento que ya existe.
Especialización. El viraje ecológico demandará especialistas en derecho empresarial y administrativo, con una amplia mochila de experiencia en contratación pública, pero también conocedores del sector energético. Por ejemplo, “no es posible prestar un buen asesoramiento en proyectos de transporte canalizado de hidrógeno si se carece de un conocimiento previo del funcionamiento del sistema gasista”, recalcan los letrados de Bird & Bird.
Informes. Los profesionales de LABE Abogados apuestan por que los juristas trabajen codo con codo con “economistas, ingenieros, geólogos, informáticos y matemáticos”, equipos multidisciplinares que ayudarán a elaborar informes y dictámenes que guíen a los clientes.
Regulación. Daniel Vázquez, socio director de Derecho Público y Medio Ambiente de Dentons España, coincide en que no es suficiente buscar expertos en Derecho Público que conozcan la ley aplicable. En este sentido, el sector demanda “perfiles flexibles” que sepan transformar el conocimiento y resolver dudas técnicas, pero a la vez se sientan cómodos en “operaciones de fusiones y adquisiciones, financiaciones o PPAs”, resalta el jurista.
Permanencia. Aunque los fondos NextGenerationUE nacen como respuesta a la crisis sanitaria, la Unión Europea quiere sentar las bases de un cambio generacional en las formas de consumo y de producción. Rosa Vidal, socia directora de Broseta, subraya en esta dirección que la apuesta por el asesoramiento en transición ecológica no será una moda en el sector legal, sino que “parte de una premisa estratégica de generación de valor a largo plazo”.