La reforma del sistema fiscal presentada a Bruselas

Una vez aprobado este plan de recuperación, España estará preparada para recibir las ayudas de los Fondos Next Generation UE

La reforma del sistema fiscal presentada a Bruselas

El pasado mes de abril el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan se envió el 30 de abril a la Comisión Europea, quien deberá evaluarlo en un plazo de 2 meses. Una vez aprobado este plan de recuperación, España estará preparada para recibir las ayudas de los Fondos Next Generation UE.

Estos fondos darán la posibilidad a España de acceder a un total de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026. La finalidad es impulsar la economía española y paliar los efectos causados por la pandemia de la COVID-19.

El plan de recuperación contiene proyectos y medidas para modernizar e impulsar la economía, reducir la tasa de desempleo del país, así como afrontar los retos que plantea este siglo XXI (digitalización empresarial, lucha contra la despoblación, eficiencia energética, etc.). El mismo incluye diversas medidas fiscales. De hecho, una de las diez palancas tractoras de este plan se titula: Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible y propone una revisión a fondo de nuestro sistema tributario para reforzar los ingresos públicos.

Aunque no se ofrece con gran detalle las medidas fiscales que se pretenden implantar, sí que se hace mención de los principales impuestos que se verán afectados por esta reforma. Estas modificaciones están orientadas a aumentar la presión fiscal para equiparar nuestros ingresos públicos a la media europea.

La reforma fiscal afectará principalmente al impuesto sobre sociedades, al impuesto sobre patrimonio y a la fiscalidad ambiental. Además, como indica el componente 28 del plan de recuperación titulado: “Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI se debe evaluar si los beneficios fiscales existentes son realmente eficaces para lograr los objetivos por los que fueron creados, o si deben revisarse.

En cuanto al impuesto sobre sociedades, el Gobierno ha propuesto a Bruselas subir el tipo impositivo a las grandes empresas. Y, aunque no se ha incluido expresamente en el plan de recuperación, el Gobierno tiene como objetivo reducir en un 5% la exención sobre los dividendos y ganancias derivadas en la venta de filiales recogida en el artículo 21 LIS.

Por otro lado, es probable que también se fije un tipo mínimo del 15% para todas las empresas como se acordó en el Acuerdo de Coalición de PSOE-Unidas Podemos.

En lo que al controvertido impuesto sobre sucesiones y donaciones se refiere, el Gobierno también tiene pensado eliminar las diferencias que existen entre las comunidades autónomas en tributos como el del impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Estos impuestos están cedidos a las comunidades autónomas lo que permite que en cada territorio el tipo de gravamen y los incentivos puedan ser distintos. En comunidades como Madrid, Andalucía y Cantabria existen importantes bonificaciones, sin embargo, el Gobierno lo califica como dumping fiscal.

Aún más llamativa ha sido el anuncio de la posible eliminación de la reducción por tributación conjunta en el IRPF. Supone un beneficio fiscal que afecta a 2,77 millones de familias españolas. Tanto rechazo ha causado esta noticia que el Gobierno lo ha calificado de una errata en el anexo del plan de recuperación en el que se menciona.

También se va a eliminar la reducción que existe para las aportaciones a los planes de pensiones. En 2021 la reducción se ha disminuido el importe que se puede desgravar 8.000 euros a 2.000 euros, pero con esta nueva reforma fiscal se pretende erradicar por completo.

Hay que recordar que con la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya se ha aumentado la progresividad de este impuesto tanto para las rentas del trabajo como para las ganancias patrimoniales y los rendimientos de capital mobiliario.

En cuanto a la fiscalidad ambiental, con estas medidas el Gobierno trata de gravar aquellas conductas, actividades que son nocivas para el medio ambiente. Por ejemplo, está preparando un proyecto de ley de los impuestos al plástico y a los residuos y que remitirá a las Cortes este mismo trimestre para su aprobación. Además, en 2022 revisará el impuesto de matriculación y circulación y el gravamen sobre gases fluorados de efecto invernadero.

Por otro lado, aunque no se incluye nada específico en el plan de recuperación presentado a Bruselas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que se estudiará si es conveniente revisar los tipos reducidos del IVA.

El Gobierno ha creado una comisión de 17 expertos que analizará la reforma del sistema fiscal prevista. Presentará sus conclusiones al Ejecutivo antes del 28 de febrero de 2022 y formulará sus propuestas. Esto no significa que hasta entonces no se puedan empezar a implementar medidas fiscales, pero lo cierto es que los mayores cambios se implementarán en 2023.

Este anuncio supone un varapalo para muchas empresas que están aún recuperándose del desastre económico causado por la COVID-19. Por ello, las palabras de la ministra de Hacienda del pasado lunes en las que aseguraba que las medidas fiscales se retrasarán si se retrasa la recuperación económica, suponen un cierto alivio para los contribuyentes.

Rosa González y Paloma López, asesoras fiscales en LABE Abogados

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