Hacienda notifica al rey emérito la apertura de una inspección fiscal
Le pide más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar casi 5 millones de euros
La Agencia Tributaria (AEAT) ha notificado al rey emérito Juan Carlos I la apertura de una inspección y le ha pedido más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar casi 5 millones de euros, la mayor parte presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó una fundación de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del expediente.
Hasta el momento, el abogado que representa a Juan Carlos I en las diligencias de investigación abiertas contra él en la Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado de dos regularizaciones en Hacienda por un total de 678.393,72 y 4.395.901,96 euros, respectivamente, abonadas los pasados diciembre y febrero, respectivamente.
La apertura de una inspección, adelantada este miércoles por El Español, fue apuntada hace unas semanas por la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y se considera un paso esperado al ser Juan Carlos I un contribuyente que ha presentado unas regularizaciones de carácter extemporáneo.
Es de lo más habitual que éstas se revisen y se hagan requerimientos posteriores para comprobar su veracidad. Si para hacer esa comprobación no basta con un mero requerimiento de aclaraciones, se puede abrir una inspección al respecto, según explican las mismas fuentes.
El pasado 2 de marzo, Montero negó que haya pasividad en Hacienda en relación con las regularizaciones que ha presentado el Rey emérito y advirtió que estas "no terminan ningún proceso", sino que la Agencia Tributaria actuará como con cualquier contribuyente comprobando si la regularización que ha presentado Don Juan Carlos es "completa y veraz".
Con ocasión de la segunda de las regularizaciones, el abogado del rey emérito, Javier Sánchez Junco, indicó en una breve nota que esta declaración se realizaba "sin requerimiento previo de clase alguna". Explicaba que la presentación de estas autoliquidaciones complementarias se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de "determinados gastos por viajes y servicios realizados por S.M. de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas".
La fundación Zagatka ha sido objeto de las pesquisas del fiscal suizo Yves Bertossa y ha sido mencionada en sus declaraciones ante la justicia de dicho país por la ex amante del rey emérito Corinna Larsen, ya que la empresaria dijo al fiscal suizo que Juan Carlos I le había comentado que le pertenecía.
Posible responsabilidad penal
La alusión del abogado a la falta de requerimiento previo era importante, ya que el abogado de Juan Carlos Primero se apoya en las denominadas excusas absolutorias que contempla el artículo 305.4 del Código Penal, lo que le permite quedar exento de incurrir en delitos fiscales por este asunto.
Según el citado artículo, queda libre de responsabilidad "el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación".
Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.
El rey emérito aparecería como beneficiario de Zagatka hasta el pasado mes de junio, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Juan Carlos I y a sus tres hijos como beneficiarios.
A principios del pasado mes de noviembre, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reveló la existencia de una tercera investigación relativa al rey emérito, que se une a las otras dos ya abiertas en la Fiscalía por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y al expediente sobre las tarjetas opacas.
La tercera investigación, a raíz de una denuncia del servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), rastrea la existencia de 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que Juan Carlos I habría intentado mover.