Los temporales de la administración pública plantean una huelga

Organizan una movilización este domingo para exigir que se sancione el abuso de los contratos eventuales

Cerca de 200 vehículos participan en Palma en la sexta caravana nacional contra la temporalidad abusiva en las administraciones.
Cerca de 200 vehículos participan en Palma en la sexta caravana nacional contra la temporalidad abusiva en las administraciones.

Los trabajadores públicos temporales se han vuelto a manifestar este domingo en 35 ciudades de España para denunciar su situación laboral y han anunciado que, incluso, estudian la posibilidad de llevar a cabo una huelga nacional.

En declaraciones a Efe, las portavoces a nivel nacional del Movimiento independiente 15-F Esther Velasco y Nazaret Caballero ha explicado que estos trabajadores exigen que se sancione el abuso de temporalidad cometido con los trabajadores temporales en las Administraciones Públicas españolas.

Asimismo, aseguran que las comunidades y las administraciones locales pueden, “y es su deber inexcusable”, hacer cumplir la directiva europea que los protege, invocándola directamente para realizar los cambios legislativos que consideren adecuados para estabilizarlos.

“Que no se escuden en la falta de legislación nacional cuando ya existe Jurisprudencia Europea que se debe acatar”, dice el movimiento.

Así, piden una inspección para declarar inmediatamente el abuso de la temporalidad de todos los afectados, así como la exclusión de sus plazas de cualquier proceso selectivo, manteniéndolas paralizadas mientras desde el Gobierno se aprueban las políticas de estabilización/fijeza que den cumplimiento a la Directiva Europea, hasta haber determinado una solución acorde a derecho comunitario para su fijeza o estabilidad.

La movilización de este domingo, la cuarta que organiza el movimiento, se he hecho en coche por la crisis sanitaria de la covid-19, y en ella, han participado unos 3.000 vehículos.

De momento, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha anunciado un plan para reducir la tasa de temporalidad en la función pública, que en algunas Administraciones como la autonómica supera el 30%, sobre todo en las áreas de salud y educación. El plan busca, además, cubrir las plazas actualmente ocupadas por personas sin contrato fijo, es decir, los interinos, en un máximo de tres años.

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