Presentan una acción penal popular contra Arbistar ante la Audiencia Nacional
Labe Abogados estará en la causa que tiene 32.000 posibles afectados
Con 32.000 afectados y un perjuicio económico de más de 100 millones de euros el caso Arbistar puede convertirse en el mayor fraude realizado en España con criptodivisas. La Audiencia Nacional ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona (Tenerife) para investigar este presunto esquema ponzi y ahora el despacho Labe Abogados ha decidido presentar una acción penal popular contra Arbistar 2.0, dedicada al arbitraje en las criptomonedas hasta que el pasado mes de septiembre optó por congelar las cuentas de sus inversores.
La acusación penal popular permite que cualquier ciudadano puede personarse como acusación en defensa del interés público. Daniel Burón, director del departamento jurídico de Labe Abogados afirma que “en esta estafa piramidal resultaba esencial la forma de captación de inversores, a través de un “plan amigo” basado en que si los clientes conseguían captar, a su vez, a nuevos inversores, tendrían derecho a una compensación”.
La presunta trama está relacionada con la inversión en criptomonedas a través de la empresa Arbistar 2.0 SL, sobre la que alertó la CNMV al incidir en que no está autorizada para prestar servicios de inversión en España, prometía a los inversores rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual, pagándoles semanalmente, siempre los sábados, dándoles la opción de sumar estas rentabilidades a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso. Sin embargo, la trama usó presuntamente “una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor”, relata el auto.
El presunto fraude habría dejado a afectados repartidos por 30 provincias y en una veintena de países. “Sin duda alguna, tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomoneda”, apunta el juez Calama.
Hasta la fecha, los estafados se han agrupado en una única demanda y están representados por medio centenar de despachos.