Madrid prepara documentación para validar las restricciones ante la justicia tras el 9 de mayo

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y País Vasco, partidarias de mantener el estado de alarma

El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas
El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas Europa Press

La Comunidad de Madrid preparará este fin de semana documentación para solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la ratificación de restricciones que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos a partir del 10 de mayo, cuando está previsto el fin del estado de alarma, como la restricción de la movilidad, según han indicado hoy el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.

Zapatero ha explicado que, habida cuenta que el Gobierno de España no ha adoptado medidas legislativas para facilitar la gestión de la pandemia cuando finalice el estado de alarma, las medidas que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos precisarán de una ratificación por parte de la autoridad judicial.

Por ello, a partir del 9 de mayo medidas como el toque de queda, el número de personas que pueden agruparse y las restricciones a la movilidad en determinadas zonas básicas de salud con una alta incidencia de coronavirus tendrán que ser valoradas y, en su caso, ratificadas por el TSJM.

"Este fin de semana vamos a preparar toda la documentación técnica orrespondiente para presentarla esta semana al TSJM (...) y esperamos contar con la ratificación del TSJM para poder mantener estas medidas durante catorce días", ha apuntado Andradas.

Por el momento, hasta el 9 de mayo está vigente en la Comunidad de Madrid el toque de queda desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas, así como la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios, salvo excepciones como cuidados a mayores dependientes, menores de edad o personas vulnerables.

Mientras, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y País Vasco han mostrado su preferencia por mantener el estado de alarma. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha pedido que se mantenga esta normal "dos meses más". Por su parte, Cataluña buscará la fórmula legal para mantener el toque de queda mediante la modificación de la ley de Salut Pública a fin de reforzar su posición ante los tribunales a la hora de implantar medidas como el toque de queda o los confinamientos perimetrales. El Gobierno catalán buscará el visto bueno de los tribunales.

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