El Banco de España presiona para que las quitas de los créditos ICO no sean obligatorias
La subgobernadora se ha reunido esta semana con CECA y AEB para abordar las preocupaciones del sector
Gobierno, empresarios y banca comienzan a acercar posturas para un acuerdo sobre el texto definitivo del real decreto que articulará la puesta en marcha de un código de libre adhesión para ayudar a pymes y autónomos a solventar sus problemas de liquidez y de solvencia derivados de la pandemia. Las advertencias del Banco de España están siendo clave en este proceso.
La subgobernadora, Margarita Delgado, se reunió este martes con la CECA y sus asociados, y el jueves hizo lo propio con la AEB y los bancos. En ambos actos Delgado aseguró que el Banco de España está trabajando para que las quitas no sean obligatorias y así se recoja en el nuevo código de buenas prácticas. Lo mismo que la adhesión al código sea voluntaria, y que las quitas no se apliquen solo a los créditos con aval del ICO, como pretende el Gobierno, algo que considera muy preocupante el supervisor.
Las posturas aún no han encontrado un punto de acuerdo, pero lo cierto es que, según varias fuentes consultadas, la idea inicial del Ejecutivo de imponer a la banca quitas a los créditos avalados por el ICO para aliviar la deuda de las empresas e ha relajado. Aunque no lo suficiente como ya llegar a consensuar una solución, que también pasa por habilitar al ICO para reestructurar deuda, de lo contrario todo recaería en la banca.
A principios de semana las posturas de Economía y de la banca estaban totalmente enfrentadas. Algunas fuentes aseguraban entonces que “pocas veces habíamos vivido una situación de enfrentamiento como la actual con el Ejecutivo”, pero ahora las mismas fuentes aseguran que “se está reconduciendo la situación, algo lógico porque todos queremos lo mismo, evitar la quiebra de las pymes y de los autónomos. Todos queremos ayudar”.
El escollo es cómo ayudar. Mientras que el Gobierno va a modificar el marco legal para apoyar al tejido industrial con ayudas directas, lo cierto es que una de sus principales medidas para llevar a cabo este plan era la obligación de imponer a la banca quitas a los ICO. Este proyecto ha sido rechazado desde el primer momento por el sector financiero y por las empresas por el efecto arrastre de morosidad y de cierre del grifo del crédito que conlleva.
El problema es que aplicar una quita en un crédito supone no solo llevar a pérdidas esa condonación del préstamo, sino también que por regulación la entidad debe provisionar el total de la deuda que tenga contraída el cliente con ese banco, tanto la actual como la futura. Esto supone incluso multiplicar por cinco la morosidad del sector, llevar a cabo dotaciones multimillonarias en unos casos, o consumir las provisiones extras por el Covid realizadas el pasado año, y que ascendieron para el conjunto del sector a unos 40.000 millones.
“Esto provocaría una situación de crisis para algunas entidades que no podrían resistir realizar nuevamente elevadas provisiones por esta causa”, explican varios bancos, que recuerdan que antes de realizar una quita hay otras medidas como carencias o amortizaciones, y que las pymes lo que necesitan son ayudas directas ya, no condonación de parte de su deuda.
Pero el problema también se trasladaría a la empresa, que prefiere otras medidas antes de una quita, ya que esta medida, es la última que se negocia en una refinanciación, ya que supondría el cierre del grifo a posteriores necesidades de financiación, ya que estaría clasificada como una empresa morosa.
De ahí que el objetivo ahora sea que el Estado no incluya las quitas como ayudas obligatorias para los bancos. A todo ello se suma el hecho de que la pretensión del Gobierno era o aún es que el código solo articule quitas con créditos ICO, medida discriminatoria frente a otras empresas “que han optado por apretarse el cinturón y no pedir financiación, o pedir otros créditos”, recalcan fuentes financieras.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el miércoles el lanzamiento de un nuevo plan de ayudas directas por 11.000 millones de euros para hostelería, turismo, pymes y autónomos, pero no especificó cómo se articularían esas ayudas.