Juego

Pío Cabanillas deja de representar a los Martínez Sampedro en el consejo de Codere

Le sustituye en el puesto Gerardo Sánchez Revenga

Pío Cabanillas, en una foto de archivo
Pío Cabanillas, en una foto de archivo

Pío Cabanillas, exportavoz del Gobierno de José María Aznar entre 2000 y 2002 o ex director general corporativo de Endesa, entre otros puestos, sale del consejo de administración de Codere, en el que se mantenía desde 2016 como representante de Masampe, la sociedad de los hermanos Martínez Sampedro, fundadores de la compañía de juego cotizada.

Así lo ha informado la compañía en una comunicación remitida a la CNMV, en la que indica que su sustituto es Gerardo Sánchez Revenga, presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas.(Aesmide). "Con fecha de ayer el consejo de la sociedad acordó, con base en el informe favorable realizado por el comité de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo, tomar razón de la decisión adoptada en el seno de la sociedad Masampe SL, por la que sustituye a la persona física que la ha de representar en el ejercicio de tales funciones, cesando a Pío Cabanillas Alonso y nombrando a Gerardo Sánchez Revenga", explica la compañía, que no detalla los motivos de la sustitución.

Cabanillas fue nombrado en una primera etapa consejero independiente de Codere, en 2008. En abril de 2016 volvió al consejo de la compañía ya como representante de Masampe, justo en el momento en que los fondos que hoy controlan la compañía entraron en el consejo. Durante aquel mes, la compañía de juego capitalizó 495 millones de deuda correspondiente a dos emisiones de bonos, lo que provocó que decenas de fondos se convirtiesen en accionistas de la mayoría de la sociedad, dejando a los Martínez Sampedro en minoría. Los representantes de los inversores con más peso entraron en el consejo, y a penas año y medio después sellaron un pacto para tomar el control ejecutivo de la compañía y arrinconar a los fundadores.

Desde entonces Cabanillas se mantuvo fiel a estos, negándose a firmar las cuentas anuales de la sociedad desde que se produjo el pacto de accionistas a principios de 2018.

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