Diálogo social

Gobierno y agentes sociales sellan un pacto de dependencia para acortar las listas de espera

El pacto al que ha llegado la Secretaría de Estado de Asuntos sociales está respaldado por un aumento de 600 millones en la financiación estatal del sistema

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha alcanzado hoy un acuerdo con empresarios y sindicatos para desarrollar el Plan de Choque de la Dependencia, que incluye la reducción de las listas de espera entre las personas que necesitan atención, la subida de sus prestaciones y la mejora de las condiciones de los profesionales que les atienden.

En un comunicado, la Vicepresidencia de Derechos Sociales recuerda que el plan, que está previsto que se apruebe mañana en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia, está respaldado por un incremento de 600 millones en la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia por parte de la administración general del Estado para este año 2021, que incluye una subida de las cuantías del nivel mínimo de protección del 17,4 %.

En el marco del acuerdo se prevé que a lo largo del año se regule la figura profesional del "asistente personal" y que a finales de 2022 todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tengan acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un "derecho subjetivo" ligado a la condición de dependencia.

El pacto ha sido alcanzado en la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia que inició sus trabajos en julio de 2020, en la que han participado las patronales CEOE-Cepyme, CCOO y UGT, junto con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

El departamento que dirige Pablo Iglesias destaca que el objetivo principal del plan es reducir "de forma sustancial" la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes. También se ha acordado asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sistema son "adecuadas" e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la "atención adecuada" de las personas dependientes, "preferiblemente mediante servicios
profesionales de calidad".

La mesa de diálogo se ha comprometido también a pactar propuestas para revisar
el acuerdo de acreditación de centros y servicios de atención a la dependencia, con medidas que refuercen tanto la calidad de las prestaciones como de las condiciones laborales.

En ese contexto se abordará igualmente un posible incremento de los precios de concierto vinculados a la mejora de los estándares de calidad en la atención y el empleo, indican desde la Vicepresidencia segunda.

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