Las auditoras de empresas de interés público estarán obligadas a emitir un informe anual de transparencia
El Consejo de Ministros aprueba dos reales decretos que introducen novedades en la Ley de Auditoría
Las auditoras de empresas que tengan interés público estarán obligadas a partir de ahora a emitir un informe de transparencia anual, con el objetivo de "mejorar la confianza de los inversores". Según ha explicado este marte la ministra portavoz, María Jesús Montero, el Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos que desarrollan la Ley de Auditoría para adaptarla a las normas internacionales y mejorar la transparencia que, entre otras novedades, introducen esta obligación para los auditores.
De esta forma, el primero de los reales decretos establece un reglamento de desarrollo de la Ley de Auditoría, detallando las condiciones, requisitos y formalidades que deben cumplir los profesionales de la auditoría, al tiempo que desarrolla un régimen sancionador, con lo que se trata de "mejorar la transparencia en la función supervisora", que ostenta el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
Según ha detallado Montero, este nuevo reglamento detalla cuestiones como los mecanismos para evitar el conflicto de intereses o dar a conocer los requisitos de documentación que se elaboran por los trabajos de auditoría. En concreto, se obliga a emitir el citado informe anual de transparencia para los auditores de entidades de interés público.
"La actividad de auditoría cumple una importantísima función pública y por tanto es necesario mantener un marco normativo modernizado en el contexto de la normativa europea para ofrecer confianza a las empresas auditadas y a los terceros que operan en los mercados y confían en la información que proporcionan los auditores", ha valorado la ministra.
Por otro lado, el segundo de los reales decretos aprobados hoy tiene como objetivo "mejorar los planes de contabilidad que rigen al sector empresarial". Aunque no ha querido proporcionar demasiados detalles debido a que se trata de un texto muy técnico, Montero ha apuntado que esta normativa permitirá a las sociedades de grupos cotizados aplicar en sus cuentas anuales un marco de información financiera que sigue los criterios contables internacionales.
"Supone un paso importante en la estrategia de convergencia del derecho contable español con las normas financieras internacionales y en concreto las europeas", ha expresado la ministra, y ha añadido que los dos reales decretos "refuerzan al sector empresarial otorgando certidumbre y mejorando la reputación y la confianza de los inversores en el tejido productivo".
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