Crisis

Tubos Reunidos pide rescate público por 115 millones

La refinanciación de la deuda no es suficiente para absorber el impacto de la pandemia

Tubos Reunidos pide rescate público por 115 millones

La crisis de Tubos Reunidos (TR), causada por el desplome que vive la industria de extracción del petróleo y del gas, se ha visto agudizada durante la pandemia, que ha paralizado las inversiones en nuevas explotaciones o en el mantenimiento de las mismas. El reciente repunte del precio del crudo, tras el acuerdo del recorte de producción en la OPEP, no alivia de forma inmediata la situación de TR.

El fabricante de tubos sin soldadura ha pedido ayuda al Estado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Una solicitud de 115 millones a través de un préstamo participativo de 100 millones y otro ordinario de 15 millones para su conversión en participativo durante este ejercicio.

El Covid-19, según explica Tubos Reunidos, ha paralizado de forma temporal más de la mitad de los proyectos de su cartera de pedidos y gran parte de los nuevos contratos que se estaban negociando. Exporta a países muy afectados por el virus, como Estados Unidos (EE. UU.).

TR quiere desmarcarse de la industria del petróleo y reducir su exposición al mercado de Estados Unidos, que concentra el 39 % de sus ventas (un porcentaje que en 2018 alcanzaba el 49 %). Y durante la anterior presidencia de EE. UU., Donald Trump activó unos aranceles del 25 % a la importación de tubos. La siderúrgica vasca aspira a recolocarse en las inversiones relacionadas con la transición energética, en proyectos renovables y como suministrador de equipos a las nuevas fábricas de hidrógeno verde.

El "profundo impacto y persistencia de la pandemia" que alega TR para pedir el rescate público también alcanza a Tubacex, el otro fabricante nacional de tubos sin soldadura. La incertidumbre provocada por la pandemia ha complicado la vida a la industria del petróleo y el gas más que a otros sectores.

Tubos Reunidos acumula cinco ejercicios consecutivos en números rojos. En los nuevos primeros meses de 2020 registró unas pérdidas de 59,3 millones. En la pasada junta de accionistas, celebrada en octubre y con retraso sobre el tradicional encuentro en primavera, los responsables del grupo esperaban una recuperación del negocio para el segundo semestre de este año.

Demasiado tiempo de presión para el balance. De ahí la petición del rescate. El pacto de financiación con los bancos, que estiraba los vencimientos de deuda, no ha sido suficiente.

El grupo de Amurrio (Álava), cuyo principal accionista es el BBVA con el 14,87 %, ha activado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 382 trabajadores de su planta de Trapagaran (Bizkaia), sobre una plantilla total de 420 profesionales. La corporación cuenta con 1.350 empleados, el 93 % de ellos con contrato fijo. TR trabaja al 50 % de su capacidad por el citado desplome del mercado.

También del mundo siderúrgico, Celsa ha solicitado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un rescate de 350 millones. Otras peticiones han llegado de Air Europa, Duro Felguera y Naviera Armas.

 

 

 

 

 

 

 

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