Avales del ICO, ERTE y ayudas sectoriales, los ejes de la defensa empresarial
Los empresarios ensalzan las medidas de financiación y de empleo pero piden al Gobierno rebajas fiscales y ayudas directas
La crisis económica producida por la pandemia ha perjudicado a amplios sectores empresariales con una intensidad sin precedentes. Ya en los primeros días de marzo, el Gobierno levantó un escudo para paliar sus efectos devastadores con varias medidas extraordinarias. Dos de ellas, las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los ERTE siguen vigentes, por necesidad, pero también porque así lo han solicitado los propios empresarios.
Tres días después de decretarse el estado de alarma, se dio luz verde a una línea de avales del Estado a través del ICO para dotar de liquidez a las empresas, sobre todo a autónomos y pymes, dotada con 100.000 millones de euros. Su periodo de carencia era de un año y su plazo de amortización, de cinco años. Ante la extensión en el tiempo de la pandemia y las restricciones que afectan directamente al sector empresarial y por presiones de este, se prorrogaron los plazos de carencia y amortización el pasado noviembre. Según los últimos datos del ICO, hasta el 30 de noviembre se han formalizado 909.627 operaciones, de las que la mayor parte corresponden a autónomos y pymes. Igualmente, en julio se aprobó otra línea de avales, de 45.000 millones, para cubrir necesidades de inversión.
Casi al mismo tiempo, el Consejo de Ministros facilitó el acceso a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, con vigencia hasta el 30 de junio. Este instrumento alivia al empresario al exonerarle de parte de las cotizaciones sociales de los trabajadores a los que se suspende temporalmente de empleo o se les reduce la jornada por causa de la pandemia. La medida ha ido prorrogando su vigencia, a petición de empresas y sindicatos y ante la nueva finalización, el 31 de enero, el Gobierno y los agentes sociales van a negociar otra renovación. Ahora hay dos nuevas modalidades de ERTE, de impedimento y de limitación, para atender a más casuísticas.
“Las líneas de avales del ICO han funcionado, se ha actuado con mucha diligencia y tienen mucha capilaridad porque han tenido mucha entrada en la pyme”, declara el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa. Por lo que se refiere a los ERTE, el dirigente de la organización empresarial afirma que “han evolucionado a mejor, se han eliminado ciertas restricciones que no eran buenas. De lo que no cabe duda es que están manteniendo cierto nivel de empleo”.
Ayudas
La crisis económica se manifestó con virulencia en el segundo trimestre y el Gobierno decidió conceder ayudas a sectores y colectivos. Sin embargo, estas ya son más polémicas y contestadas. Empieza por decretar una moratoria en el pago de cotizaciones e impuestos para los autónomos. La corta duración de la medida y el hecho de que fuera una moratoria y no una exención provocó el malestar del colectivo.
Lo siguiente fue un Plan de Impulso al sector de la automoción, muy castigado por el confinamiento (según Anfac, las matriculaciones cayeron un 51% interanual). Dotado con 3.750 millones y consistente en 20 medidas, este plan aplacó al sector.
A continuación, a las puertas del verano salió adelante un plan de apoyo al turismo de 4.262 millones, basado sobre todo en líneas de avales del ICO. Al sector turístico le parece claramente insuficiente pues, a primeros de julio, la patronal Exceltur ya calcula unas pérdidas de 80.000 millones en 2020. En noviembre, la Mesa del Turismo eleva la estimación de pérdidas hasta los 135.000 millones y entre las peticiones se encuentra la bajada del IVA al sector al tipo del 7% hasta 2022 y bonificaciones y exenciones en otros impuestos.
Precisamente, uno de los motivos de desencuentro entre empresarios y el Ejecutivo es el tema de los impuestos. “España es el único país europeo que ha subido los impuestos en esta crisis y que penaliza a las empresas”, señala Fernández de Mesa.
El gran caballo de batalla de los empresarios, además de la bajada de impuestos, es que no hay ayudas directas a los sectores más afectados. “Es cierto que tenemos menos margen fiscal que otros países pero echamos de menos una ayuda real, de subvenciones directas y concretas a los que más están perdiendo como han aprobado en Francia o Alemania”, asegura el vicepresidente de la CEOE.
Y así llegamos a las últimas semanas de este 2020, con la aprobación en el Consejo de Ministros del día 22 de un plan de ayuda a la hostelería, el turismo y el comercio, los sectores más dañados por las restricciones. Una moratoria en el pago de las rentas de alquiler de locales, un nuevo tramo de la línea ICO de liquidez y aplazamiento de impuestos y cotizaciones son su contenido. De nuevo, las asociaciones representativas del sector han protestado: los alivios llegan tarde y no hay ayudas directas, dicen.
Reforma concursal e inversiones extranjeras
Ley Concursal. El 1 de septiembre pasado entró en vigor la nueva Ley Concursal que prácticamente deroga la de 2003. Para las empresas, su mayor virtud es que facilita los procesos de reestructuración. Otorga más tiempo a los deudores para encontrar soluciones a sus insolvencias, de manera que las empresas y los empresarios pueden realizar un plan de financiación cuando todavía son viables.
Blindaje. En plena primera ola de la pandemia, en marzo de 2020, el Gobierno aprobó, dentro del real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias, la obligación de someter a la autorización del Consejo de Ministros la adquisición por parte de inversores de fuera de la Unión Europea, del 10% o más del capital de empresas relacionadas con el orden, la seguridad y la salud públicas y que afecta a muchos sectores. Se trata de un blindaje de empresas estratégicas de carácter temporal, vigente solo hasta el 30 de junio de 2021.
Fondo público. Otra forma de ayuda también para empresas estratégicas es el Fondo de Apoyo a la Solvencia (Fases). Con el fin de evitar que compañías de este tipo quiebren, se abre la participación de este fondo en las mismas para recapitalizarlas.