Economía exigirá a todos los asesores financieros un capital de 75.000 euros

La normativa, que viene de Europa, dañará a estas firmas de inversión

La vicepresidenta Tercera del Gobierno, Nadia Calviño, en el Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta Tercera del Gobierno, Nadia Calviño, en el Congreso de los Diputados.

El asesoramiento financiero al margen de la gran banca ha llegado a España tarde, mal y, prácticamente, nunca... La figura de la empresa de asesoramiento financiero (EAF) se creó en 2007 de la mano de la primera edición de la directiva Mifid. Pero el primer vehículo no se registró hasta 2009, y fue de Abante. Hasta ahora, las personas que cumplieran los requisitos podían crear una sociedad de este tipo desde 0 euros. Una directiva europea obliga a Economía elevar el capital social mínimo a 75.000 euros para todas las firmas. Un nuevo obstáculo para ellas.

La regulación europea ha tratado de ampliar el horizonte de los inversores. Pero siempre desde su torre de marfil. Hace 13 años nacieron las EAFI, denominadas ahora EAF. Suponían la posibilidad de que personas con experiencia en la gestión y el asesoramiento, especialmente tras la Gran Crisis Financiera, con graves problemas en productos comercializados por la gran banca –monetarios dinámicos, fondos ligados al fraude de Madoff, carteras cerradas que invertían en inmuebles o participaciones preferentes, entre otros–, abrieran la puerta a un nueva forma de entender el mundo financiero.

En esencia, desde la UE se trataba de evitar la venta a granel de artículos financieros en oficinas bancarias. La avalancha de jubilaciones anticipadas y despidos en el sector financiero propiciaron la creación de las empresas de asesoramiento financiero. Estas han de contar con el visto bueno de la CNMV, que las aprueba y las supervisa, además de constatar la honorabilidad y la experiencia de sus socios.


Descenso

El patrimonio asesorado se hunde un 32%

  • Sin tocar el dinero. La misión de las empresas de asesoramiento financiero es, como su propio nombre indica, aconsejar inversiones. Ya sea a un fondo de una gestora o a patrimonios personales, que deberán realizar ellos mismos las operaciones. Las EAF no pueden tocar el dinero. Sus ingresos vienen de lo que cobran directamente a los clientes por sus servicios o por las comisiones que se llevan de las gestoras por recomendar un determinado producto. Si bien, para esto último han de ofrecer servicios de valor añadido, conforme a Mifid 2.
  • Importe. Aunque no tengan acceso al patrimonio, la CNMV publica estadísticas sobre la cuantía que tienen bajo asesoramiento. A cierre del año pasado, los últimos datos disponibles, eran 21.628 millones de euros, lo que supone una caída del 31,9% respecto a los 31.658 millones de 2018. Sus ingresos se situaron el pasado ejercicio en 56,1 millones, un 9,8% menos. El descenso desde el récord de 2017, cuando facturaron 65,8 millones, fue del 15%.

Las EAF son un tipo de empresas de servicios de inversión más, pero, a diferencia de las sociedades y agencias de valores, no pueden tener acceso directo al dinero. Su misión es asesorar. Las dificultades de capear con los requisitos ampliados para Mifid 2 han provocado que su número descienda desde el récord de más de 170 a cierre de 2017 hasta las 139 a 30 de septiembre, los últimos datos de la CNMV.

Y se avecinan más problemas para este tipo de firmas. Una directiva europea que debe trasponerse antes del próximo 26 de junio obliga a que su capital social mínimo sea de 75.000 euros. Puede no parecer mucho, pero pasa de 0 euros, en el caso de las EAF personas físicas, a las que se les requiere ahora tan solo un seguro de responsabilidad con una cobertura de un millón de euros por daños y de un total de 1,5 millones anuales para todas las reclamaciones. Las empresas que se constituyan como sociedades deben contar con 50.000 euros, pero pueden disminuir esta cuantía a cambio de un seguro ampliado.

Está en manos del Ministerio de Asuntos Económicos y de la CNMV, su supervisor último, poner soluciones a esta limitación, que abocará al cierre a un buen puñado de firmas. Ya la entrada en vigor de la segunda edición de Mifid 2 en 2018 dificulta su operativa. Además de las restricciones en el cobro de comisiones por la recomendación de carteras –pese a que la figura ideal hubiera sido que este tipo de firma fuera absolutamente independiente, según fuentes del sector– se añaden los requisitos de transparencia. Todas las gestoras y asesores deben explicar a sus clientes, incluso antes de la contratación, qué tipo de gastos y comisiones supondrá cada producto.

La nueva norma ha afectado a la estructura del mercado, con un incremento de los costes operativos y tecnológicos. Y estos han tenido sus mayores efectos en los eslabones más débiles de la cadena: las firmas pequeñas, especialmente las EAF que son personas físicas.

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