Industria

La justicia gallega tumba el ERE de Alcoa para 524 trabajadores de San Cibrao (Lugo)

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) dice que la multinacional del aluminio ha actuado de "mala fe"

Un trabajador tira un elemento a una barricada durante un velatorio nocturno simbólico convocado por la fábrica de Alcoa, en San Cibrao, el pasado 28 de noviembre.
Un trabajador tira un elemento a una barricada durante un velatorio nocturno simbólico convocado por la fábrica de Alcoa, en San Cibrao, el pasado 28 de noviembre. Europa Press

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha decretado nulo el ERE que Alcoa quería aplicar en la planta de San Cibrao (Lugo), la única de aluminio primario que queda en España, al apreciar "mala fe" por parte de la empresa.

Con esta decisión, el alto tribunal gallego ha condenado a la multinacional a mantener a los 524 empleados que iban a perder su puesto de trabajo. La Sala, que ha estimado la demanda presentada por CC OO, CIG y UGT, aprecia "mala fe" en las negociaciones por parte de la compañía y asegura que su posición sobre los despidos y sus compensaciones "no ha variado ni un ápice" desde su propuesta inicial.

Los jueces subrayan que la intención de Alcoa era "paralizar las cubas electrolíticas de la fábrica para su posterior cierre" y entienden que con la oferta de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que realizó al comité de empresa pretendía "vestir lo mismo, pero de una manera diferente", ya que "no privaría a la empresa de la posibilidad de extinguir los contratos de trabajo".

Así, los magistrados consideran "sumamente significativo" el número de trabajadores afectados por los despidos, pues destacan que su porcentaje "se aproxima, sin superarlo, a aquel que, según las normas regulatorias, le permite a la empresa consolidar las ayudas recibidas de las Administraciones públicas sin tener que devolverlas".

Todo ello permite a la Sala deducir, según se recoge en la sentencia, que "el fin único y primordial que guiaba a la empresa era apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible". El alto tribunal gallego asegura que "todas las supuestas concesiones" realizadas por Alcoa durante la negociación se produjeron "con la finalidad de evitar la calificación de nulidad del despido" que le impediría llevar a cabo la "decisión estratégica" de paralización de las cubas y el cierre de la fábrica.

Así, apunta que la Xunta le advirtió hasta en diez ocasiones sobre la necesidad de prolongar el periodo de consultas, algo que la compañía realizó "siempre en el último momento y con resistencias". Concluye que se prolongó "no con la finalidad de discutir sobre el despido colectivo, sino para dejar tiempo para negociar la venta con un tercero". "La pobreza de las negociaciones es tal que se ha limitado prácticamente a dos cuestiones acerca de las posibilidades reales de la venta de la planta de aluminio a un tercero y los efectos de la parada y rearranque de las cubas de electrolisis", remarca la Sala.

Los jueces afirman en el fallo que los diálogos de Alcoa con la empresa Liberty House para vender la planta "permiten sospechar de la existencia de una decisión estratégica", pues sostienen que la multinacional entró en la negociación "con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo para no llegar a un acuerdo final".

El fallo llega después de dos vistas celebradas en el alto tribunal gallego, la primera para evaluar las medidas cautelares solicitadas por los sindicatos y la segunda por la demanda del proceso de despido colectivo.

Es el segundo revés para Alcoa, pues este mismo órgano ya había estimado en parte las medidas cautelares solicitadas por las centrales sindicales y demandantes en el proceso -CC OO, CIG y UGT-, por lo que la siderúrgica tenía prohibido parar las cubas de electrolisis. Una prohibición vigente hasta que hubiese sentencia sobre el despido colectivo y que, por tanto, ahora se consolida.

Los Gobiernos central y autonómico, el comité de empresa y los sindicatos han estado pidiendo a Alcoa durante meses que accediese a la venta, tras negarse a tal operación con Liberty House y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha afirmado tras el fallo que "se hace justicia con 500 trabajadores y toda una comarca". "¡Felicidades", ha dicho a través de un tuit, en el que apunta que los trabajadores y la comarca de A Mariña lucense "hoy pueden estar más tranquilos".

Alcoa insiste en la necesidad de una reestructuración

Por su parte, Alcoa ha asegurado que estudiará la sentencia y ha subrayado que "la necesidad de reestructuración persiste". "Los importantes problemas estructurales y permanentes continúan", advierten fuentes de la multinacional estadounidense consultadas por Europa Press.

Asimismo, la empresa ha defendido que cree haber actuado "de buena fe y en pleno cumplimiento de la ley". "Estamos revisando el fallo del tribunal para determinar los próximos pasos", ha insistido la empresa.

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