Ya hay más de 10.000 sentencias sobre el Covid

El virus impacta en un gran número de procesos judiciales

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La crisis sanitaria por el Covid-19 ha tenido un impacto transversal en la economía y en la vida de los particulares, generando multitud de conflictos que han terminado judicializándose. Asuntos como los ERTE o los despidos por la crisis, la gestión de la pandemia, las sanciones impuestas por infringir la normativa aprobada para el estado de alarma o los procedimientos para declarar en concurso negocios arruinados en 2020, entre otros, inundan ya los tribunales españoles.

Según las cifras de la base de datos La Ley Digital, de Wolters Kluwer, son ya 10.704 las sentencias y autos de todos los ámbitos jurisdiccionales que incluyen el término Covid. Además de los conflictos vinculados con la crisis sanitaria, hay que tener en cuenta que muchas de estas resoluciones recogen el impacto del decreto del primer estado de alarma (que paralizó los plazos procesales y redujo la actividad de los juzgados a cuestiones urgentes) así como del real decreto ley de medidas procesales y administrativas para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia.

Esta última norma dictó la reapertura de los juzgados en el mes de junio y vino acompañada, por otro lado, de una batería de medidas para hacer frente al colapso judicial que se avecinaba. Para evitar disfunciones y proteger situaciones vulnerables, se consideró necesario dar prioridad a determinados asuntos, entre ellos, los procesos por despido.

Goteo de despidos y ERTE

A pesar de que los ceses motivados por la pandemia fueron prohibidos por el Decreto Ley 9/2020, desde el 14 de marzo y hasta finales de junio, durante esos meses se produjo un incesante goteo de extinciones contractuales que, en numerosas ocasiones, han llegado a los tribunales y han dado lugar a sentencias contradictorias. Así, mientras que para algunos juzgados los ceses que se saltaron la prohibición resultaron ser simplemente improcedentes, para otros, sin embargo, fueron directamente nulos por contravenir la legislación vigente. Ahora tendrá que ser el Supremo el que unifique doctrina y establezca un criterio general para estos supuestos.

También se ha generado una considerable controversia jurídica alrededor de los ERTE y, en concreto, sobre la posibilidad de que puedan transformarse en despidos colectivos (ERE) debido al recrudecimiento de la crisis. En este sentido, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias ha aclarado que el empresario que quiera hacer un recorte de plantilla tras suspender contratos o reducir jornadas deberá demostrar un empeoramiento efectivo de la situación económica del negocio. De lo contrario, el ERE será nulo de pleno derecho.

En total, según consta en la base de datos de La Ley Digital, ya se han dictado al menos 1.866 resoluciones laborales que mencionan el coronavirus (17,43% del total). Un dato que sitúa al orden social como la tercera jurisdicción más activa en lo que va de pandemia.

Conflictos con alquileres

Son, en cambio, los tribunales civiles los que han resuelto más litigios en los últimos meses. Casi la mitad de las resoluciones, un total de 5.281, corresponden, según la base de datos, a pleitos de origen privado. Los problemas de ámbito familiar se cuelan entre las causas más conflictivas. Situaciones como la negativa de algunos progenitores a que los menores se trasladasen a casa de sus exparejas para pasar con ellas las horas o días asignados generaron tanto caos durante el confinamiento que tuvo que ponerse en marcha un procedimiento especial y rápido en el Decreto Ley 16/2020 para, entre otras cuestiones, compensar este tiempo perdido.

Pero el tema estrella en el campo de los asuntos civiles, según los datos extraídos de laleydigital.es, han sido los problemas derivados del impago del alquiler. Especialmente en el caso de los locales de negocios. A finales de abril se publicó un decreto ley que les permitía solicitar un aplazamiento de pago, pero el casero solo venía obligado si era un “gran tenedor”. Por otro lado, los inquilinos han tratado de acogerse a la cláusula rebus sic stantibus para hacer valer el cambio radical e imprevisible de las circunstancias. Algunos jueces la han utilizado para ajustar la renta a la bajada de ventas o prohibir el desahucio de los locales cerrados por la crisis.

Asimismo, los efectos de la pandemia han alcanzado de lleno a las empresas. Los juzgados de lo mercantil están preparándose para una previsible oleada de concursos de compañías arruinadas por el Covid. Hay que contar con que el Gobierno ha ampliado el plazo para presentar voluntariamente la solicitud de quiebra hasta el 14 de marzo.

Contra las restricciones

En el ámbito de la relación de los ciudadanos con las Administraciones, la mayoría de conflictos se han relacionado con el cuestionamiento o el incumplimiento de las medidas para frenar el virus. Se han impugnado casi todas las decisiones sobre la pandemia, incluido el decreto de alarma. Así lo demuestra el segundo lugar que ocupa esta jurisdicción en el ranking de resoluciones que mencionan el Covid.

Las infracciones del confinamiento han dado lugar a una retahíla de sanciones, aunque algunas de estas multas han sido finalmente anuladas, como, por ejemplo, la de una mujer de Vigo que salió a comprar con su hijo, recién operado, en el mismo vehículo.

La ratificación judicial de las decisiones restrictivas adoptadas por los Gobiernos autonómicos, como los confinamientos perimetrales, no han estado exentas de polémica. Además, el propio Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse sobre la legalidad de alguna de las medidas. De hecho, el pasado mes de noviembre avaló el uso obligatorio de la mascarilla. Según concluyó, no vulnera la libertad individual al pesar más el derecho a la salud de todos.

Procedimientos penales

Las infracciones relacionadas con la normativa anti-Covid también derivaron en numerosos procedimientos penales por delitos relacionados con la desobediencia y el atentado a la autoridad. Según datos del Ministerio del Interior, durante el primer estado de alarma hubo más de 9.000 detenciones por violar el confinamiento impuesto por el Gobierno. En la mayoría de casos, los arrestos se saldaron con la puesta en libertad del detenido tras el correspondiente juicio rápido.

Por otro lado, durante la primera ola del coronavirus hubo colectivos que emprendieron acciones para pedir responsabilidades penales por la gestión de la pandemia. Por ahora, estas causas no están encontrando el apoyo de los órganos judiciales. Sin ir más lejos, el pasado 14 de septiembre una jueza de Leganés desestimó una querella de 11 familiares de fallecidos en residencias de ancianos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros miembros de su Ejecutivo al no hallar ningún indicio de delito.

A pesar del notable colapso judicial y de los innumerables pleitos relacionados con el coronavirus que aún están por juzgar, los litigios no han caído precisamente en los últimos meses. De hecho, según el Consejo General del Poder Judicial, el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales aumentó en el tercer trimestre de 2020 un 1,7% respecto al año anterior.

Previsiones para el próximo año

  • Fin de la preferencia. La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, concedió preferencia en su tramitación a un determinado número de asuntos mercantiles, laborales y civiles hasta el próximo 31 de diciembre. A partir de esa fecha, los asuntos relacionados con la pandemia se repartirán por orden de llegada.
  • Más atasco judicial. La paralización de los plazos procesales durante el primer estado de alarma y las medidas de restricción ante el coronavirus han alterado el funcionamiento de los juzgados. Según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el segundo semestre del año había ya más de 312.000 causas por resolver, casi un 14 % más respecto al mismo periodo de 2019. Se espera que el tapón de expedientes vaya a más en 2021 por los efectos de la crisis económica. En concreto, por el aumento de pleitos laborales por despido y los ERTE, el inicio de nuevos concursos de acreedores y el incremento de recursos administrativos.
  • Plan de choque. El Gobierno dio luz verde a principios de julio a un programa para agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia durante este año y 2021. El plan, dotado con 50 millones de euros, contempla la creación de 21 nuevos juzgados en todo el territorio nacional y prevé reforzar con más personal a 49 órganos judiciales ya existentes: el 84 % mercantiles y el 64 % del orden social. Asimismo, el programa contempla crear un sistema por objetivos que permitirá cobrar una mayor retribución a los jueces y funcionarios más productivos. En este sentido, se han puesto en marcha unidades para controlar cada 15 días el funcionamiento del plan y medir los resultados.
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