Roberto Sánchez: “Las subastas de espectro en España no tienen afán recaudatorio”

Explica que los planes de impulso a la conectividad, el 5G y el sector audiovisual tendrán un uso intensivo de los fondos de recuperación europeos Por primera vez, en la próxima subasta de 5G, las condiciones se van a someter a audiencia pública

Manuel Casamayón

Roberto Sánchez está al frente de una secretaría de estado con varios frentes de trabajo en un momento en el que las telecos han puesto en valor sus redes a causa de la pandemia: la subasta de espectro 5G, los planes de impulso a la banda ancha y los fondos europeos, y las nuevas leyes de telecos y audiovisual.

Tienen en marcha varias tareas, ¿qué objetivos se han marcado?

Llegamos con unos planes, pero nos encontramos con la pandemia. Uno de los efectos ha sido la toma de conciencia por parte de la sociedad de la relevancia de las redes de telecos que, en los momentos más duros, fueron el único medio para mantener la vida como la conocemos. Teletrabajo, ventas online, educación en remoto, ocio... Hace cinco años no hubiese sido posible. Antes de la pandemia había cosas importantes, que ahora son urgentes, como las brechas digitales, de acceso, la alfabetización o accesibilidad.

¿Qué planes ha puesto en marcha su departamento?

Hemos dado un impulso con la puesta en marcha de tres grandes planes. Conectividad Digital, para acelerar la banda ancha y respaldar la recuperación empresarial; impulso al 5G, por su efecto transformador de la economía; y el plan para convertir a España en polo del mundo audiovisual.

¿Cuál va a ser el peso de los fondos europeos en estos planes?

En todos habrá un uso extensivo de los fondos de recuperación de la UE, en combinación con nuestros proyectos. Es casi un circo de tres pistas, los fondos de recuperación, los planes propios y los presupuestos. El plan de conectividad contempla una inversión de 583 millones de euros en el presupuesto de 2021, que procederán de los fondos europeos. En 5G hay 300 millones, por 109 millones para el audiovisual. Los fondos europeos crecerán en 2021, 2022 y 2023, con un total de 2.000 millones en la conectividad y 1.500 millones en 5G.

¿Cómo se va a articular el acceso a las ayudas europeas?

Estamos en un proceso de definición de los instrumentos, y está en marcha la aprobación de un real decreto ley de medidas de simplificación administrativa. Para gestionar tal volumen de recursos, necesitamos algunos procedimientos nuevos. En algunos casos habrá convocatorias tipo PEBA, pero también habrá fórmulas nuevas.

El sector se enfrenta a la subasta de 700 MHz, ¿en qué punto está?

Seguimos con la idea de realizarla en el primer trimestre. Previamente había que liberar la banda, del segundo dividendo digital, que ha ido muy bien. Por primera vez, las condiciones de la subasta se van a someter a audiencia pública, para que haya una mayor transparencia. No se había hecho hasta ahora. La sacaremos antes de final de año, para que se pueda contestar hasta mediados de enero.

Empresas y sindicatos han criticado la cifra de 2.100 millones de recaudación establecida en los presupuestos del estado. ¿Cómo será la subasta?

Va a ser como todas las realizadas hasta ahora. Con un precio de salida que está por determinar, y a partir de ahí será la propia dinámica de la subasta la que determine el precio final. Yo sé que ha habido ruido por la cifra que aparece en los presupuestos, pero como tal, es solo una previsión de los ingresos que se pueden obtener, no quiere decir que sea el precio de salida.

Las compañías dicen que en anteriores subastas nunca se habían alcanzado esas cifras.

Nunca se ha llegado a esa cantidad. Puede que el resultado final esté por arriba o por abajo. En ningún caso es el precio de salida. Este es el mensaje de tranquilidad que intento llevar. De ser así, estaríamos hablando de cantidades muy elevadas, y sería lo que llaman subasta recaudatoria. Pero, en España no se han hecho subastas con afán exclusivamente recaudatorias. Las subastas son un elemento muy transparente para adjudicar un recurso público que tiene mucho valor, y no está sujeto a interpretación.

¿Habrá requisitos de cobertura?

Vamos a someterlo a consulta pública para ver las condiciones asociadas. Seguramente, habrá algunas obligaciones de cobertura, pero dependerá de los resultados de la consulta. No lo tenemos totalmente cerrado.

¿Habrá facilidades de pago?

En la subasta anterior, la de 3,5 GHz, se estableció que el pago se difería a lo largo del periodo de concesión de 20 años. Pero, lo que se planteó para facilitar el pago, acabó recibiendo críticas, en el sentido de que, al aplazar los pagos, se obliga a aplicar el tipo de interés oficial, mientras que los operadores se financian en los mercados de una manera más barata. Por lo tanto, en esta ocasión se ha suprimido, salvo que pueda reintroducirse porque nos lo comenten. Será un pago.

Otra subasta pendiente es la del espectro afectado por algunos usos del Ministerio de Defensa.

Sí, de la banda de 3,5 GHz, de la que están sin adjudicar 40 MHz, porque no se sacaron en la anterior subasta. Vamos a licitar 20 MHz. Antes de final de año tenemos previsto convocar la subasta para que se licite en enero.

¿Hay interés de los operadores?

Sí, entendemos que sí. Tenemos pendiente la reorganización de la banda de 3,5 GHz. Varios de los operadores tienen las frecuencias en trozos separados, y es más eficiente para su uso, el tenerlos juntos. Está pendiente la reorganización de la banda, que se hará tras esta subasta.

Con respecto a la nueva Ley General de Telecomunicaciones, ¿en qué punto está?

Hemos recibido 500 aportaciones, tras el proceso de audiencia pública. Las estamos analizando, y espero que podamos tener un nuevo anteproyecto en enero, y que llegue al Congreso en abril. No tiene muchos temas conflictivos. Hay elementos novedosos en el servicio universal, que abrirán el debate. Las cabinas van a desaparecer, mientras que se introduce el concepto de la velocidad adecuada para la banda ancha.

En relación a la Ley Audiovisual, ¿Cómo se van a afrontar cuestiones como los OTT?

La cuestión de las OTT se afronta en ambas leyes, más en la audiovisual. En la ley actual hay obligaciones para la televisión lineal, pero no para las plataformas. En la directiva actual ya se planteó equilibrar lo máximo posible las obligaciones de unos y otros, pero se quedó corta. Hemos intentado igualar las condiciones, pero no podemos ir más lejos.