Aerolíneas

O'Leary no ve claro el futuro de IAG como dueña de British Airways tras el Brexit

El ejecutivo de Ryanair cree que Alemania y Francia presionarán para el estricto cumplimiento de la norma comunitaria de propiedad

El consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O'Leary.
El consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O'Leary.

El consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O’Leary, ha lanzado una pulla a la dirección de IAG al comentar en un acto abierto, organizado por Eurocontrol, que no ve claro el futuro del holding que engloba a British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus, tras el periodo de transición fijado tras Brexit. Este vence el próximo 31 de diciembre.

“No veo cómo podrá sobrevivir IAG, como propietario de British Airways, en un entorno posterior al Brexit”, ha señalado el irlandés en una intervención recogida por Reuters. IAG está registrada como empresa española cotizada en las Bolsas de Londres y de Madrid. La normativa de propiedad y control de aerolíneas fijada por la Unión Europea exige que más del 50% del capital de estas empresas esté en manos de inversores comunitarios para preservar sus certificados de vuelo en países de la UE. De este modo, estarían habilitadas para operar entre sus fronteras internas y desde el interior hacia terceros países.

De forma paralela, British está pendiente de un acuerdo entre la UE y Reino Unido para permitir el flujo de viajeros entre ambos territorios, sin fronteras duras, a pesar de la ruptura.

Michael O’Leary también ha comentado que miembros con peso en la UE, como son Alemania y Francia, van a insistir en la aplicación estricta de la citada regulación de propiedad en relación a IAG.

Hasta el momento, IAG ha defendido su nacionalidad española. También la de Iberia y Vueling al estar sus derechos políticos en manos de accionistas comunitarios. En cuanto a la estructura de capital, pese a que la dirección de IAG ha explicado en numerosas ocasiones la dificultad de controlar el flujo de acciones de una empresa cotizada, también ha llegado a limitar el porcentaje de la empresa en manos de inversores ajenos a la UE. Un veto que fue levantado el pasado mes de enero.

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