Un exvicepresidente de Popular dice que directivos del banco "animaban" a financiar la compra de acciones
El vicepresidente que realizó la investigación indica ante el juez que no llegaron a indagar en las sucursales
El que fuera vicesecretario del consejo de administración del Banco Popular Heraclio Peña ha señalado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Popular' que en la investigación que realizó sobre la financiación a clientes para la adquisición de acciones en la ampliación de capital de 2016 encontró al menos un correo de uno de los directivos en el que "se animaba" a llevar a cabo esa financiación.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press presentes en esta comparecencia de Peña en calidad de testigo, indican que el exdirectivo de Popular ha explicado al magistrado José Luis Calama que él y Javier Lleó --el otro vicepresidente-- investigaron los buzones de correo de tres directivos (Antonio Pujol, José Ángel Amor Atienza y José Ramón Alonso Lobo) pero que no realizaron un trabajo de campo con las sucursales para conocer si ofrecieron esa posibilidad a los clientes.
Con todo, ha explicado que por sus indagaciones --realizadas según ha dicho a petición del presidente Emilio Saracho-- cree que existen razonables indicios de que se produjo esa financiación. Además, ha indicado respondiendo al juez que si bien no levantó acta o grabó esas entrevistas que realizó a los tres directivos, sí que fue tomando notas de las mismas y, dado que ese documento lo tenía en ese momento en el juzgado, lo ha entregado al magistrado para que se incorpore a las actuaciones.
Por otro lado, siempre según estas fuentes, ha explicado que aunque él no pudo verificar con empresarios individuales esa realidad, el director de Admisión de Riesgos Carlos Fernández sí que confirmó al tandem investigador que recibió propuestas para financiación de acciones y que recuerda en particular una del Grupo Villar Mir.
Esta declaración llega después de que el magistrado acordara el pasado viernes imputar a otros cinco exdirectivos de la entidad precisamente por presuntos delitos de estafa a inversores o falsedad contable en relación a la financiación a clientes para que acudieran a la ampliación de capital de 2016.
Explicaba en su auto que uno de los hechos investigados en esta causa es la presunta financiación facilitada por el Banco Popular a sus clientes para invertir en la ampliación de capital del año 2016, "ocultando el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio".
Esto habría permitido que no supusiera una carga excesiva para el capital del banco, y a la vez se habría traducido en una menor carga fiscal para el cliente. Fuentes jurídicas consultadas indican que este hecho de financiar la compra de acciones no sería ilegal en la medida en que el banco en la ampliación y contablemente hubiera reflejado esa financiación y la descontara del capital regulatorio.
Cabe recordar que en esta causa se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017. El juez investiga dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables en las que el Popular habría incurrido con la ampliación de capital y las filtraciones a prensa un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.
LA "IMPRESIÓN PERSONAL" DE PEÑA
Peña ha indicado además a Calama que su "impresión personal" es que la financiación de la ampliación de capital (que ascendió a más de 2.000 millones de euros) se trataba diariamente por videoconferencia durante los 15 días que duró el proceso entre los directores de zona y el consejero delegado.
Este martes también se ha producido la declaración del responsable de la zona de Navarra y Aragón, quien ha explicado que no hubo orden o instrucciones para dar una financiación a clientes para que acudieran a esa ampliación. Sin embargo, dos empresarios sí han confirmado que se les ofreció con ese fin y por medio de pólizas de crédito.