Los economistas critican la limitación del alquiler y piden soluciones planificadas a largo plazo

El control de precios traslada la responsabilidad pública a los propietarios, dice el Consejo General de Economistas

El Consejo General de Economistas de España reaccionó este lunes a la futura ley que previsiblemente permitirá a autonomías y ayuntamientos limitar temporalmente los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Como primera aproximación, afirmaron los economistas, “no hay soluciones mágicas ni simples al problema de accesibilidad de la vivienda, como algunas propuestas populistas parecen sugerir”. Así, el Consejo pide abordar la problemática con otros mecanismos como las ayudas al alquiler, la construcción y compra de edificios para destinar al arrendamiento social o asequible y la colaboración público-privada que levante un parque de vivienda sólido destinado a este fin.

“El problema de accesibilidad a la vivienda no se puede resolver de un día para otro”, señaló el profesor y catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, en un evento organizado por el Consejo para analizar la normativa en la que está trabajando el Gobierno y que será llevada al Consejo de Ministros en febrero. “Es necesario mantener una política de vivienda orientada adecuadamente, coherente en el tiempo y con suficiente financiación”.

Por un lado, el control de los precios hace que los propietarios, ya sean particulares o empresas, “se retraigan a la hora de ofertar sus viviendas, reduciéndose por tanto el mercado y las inversiones y aumentando la economía sumergida”. Sin embargo, cuanta más oferta pública y privada de vivienda en alquiler exista, “más ventajoso será el precio para el inquilino”.

Por el otro lado, dijeron los expertos, esta intervención también hace recaer sobre los propietarios los problemas creados por la ineficacia, falta de financiación y coherencia de las políticas públicas. “No es razonable” que esta responsabilidad caiga sobre los tenedores, porque “todas las acciones de política de vivienda tienen repercusión presupuestaria, y son responsabilidad de la administración pública”, dijeron desde el Consejo.

“El control de los precios de los alquileres supone traspasar el coste de la política social en materia de vivienda a la propiedad privada, y tiene la ventaja para los Gobiernos de que no tiene coste presupuestario”, añadieron.

El Consejo también advirtió de que los “efectos indirectos negativos de las políticas de vivienda mágicas” pueden ser especialmente notables en un mercado del alquiler como el español, que comenzaba a “normalizarse” tras décadas de incentivos fiscales a la compraventa de vivienda de protección oficial y tras el fin del control de alquileres estatal, vigente hasta 1994.

Como tarea pendiente, se necesita que las reglas del juego sean claras y con voluntad de permanencia. Por ello, el presidente del Consejo, Valentín Pich, pidió “implementar una política de vivienda a largo plazo y no de cara a la galería”. De hecho, tal y como recordó García Montalvo, los efectos que tendría una política de vivienda férrea destinada a ampliar el parque asequible, con el caso de Viena (Austria) como ejemplo a seguir, tardarían “décadas” en percibirse.

Unas partidas insuficientes

El presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y ex director general de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Joan Ràfols, recordó que una política de vivienda sólida necesita de la financiación óptima. En esta línea, aseguró que las dotaciones de los Presupuestos “han sido a todas luces insuficientes, y ya es hora de que las Administraciones tengan un papel mucho más activo asignando fondos a la promoción de vivienda asequible, al incremento del parque público y a subvenciones para las familias que en la actual situación económica están en riesgo de perder su alojamiento”. De hecho, recordaron, si no fuese por los fondos europeos que alimentan el proyecto de Presupuestos, el dinero para vivienda seguiría siendo, al igual que en los últimos años, escaso.