Cogobernanza y gestión de la información: hacia una "Justicia racional"

La Administración dispone de un historial amplísimo de datos a su servicio

Cogobernanza y gestión de la información: hacia una "Justicia racional"

Puede parecer una provocación advertir de la necesidad de una «Justicia racional»; ¿acaso es admisible o tolerable una “Justicia irracional”? No nos llevemos a error, y no suframos de ingenuidad: la Justicia española, tal y como viene diseñada actualmente en sus bases y elementos estructurales principales es, sobre todo, “irracional”.

Las razones que conducen a tan preocupante conclusión son variadas, si bien obedecen en su gran mayoría al problema de “policefalia administrativa” que preside la Administración de Justicia tal y como la conocemos; es decir, a la presencia de diferentes entes e instituciones con competencia reglamentaria en cuestiones afectantes directa e indirectamente al servicio público de justicia; sería el caso de la «cohabitación» entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, multiplicada y más compleja si en esta ecuación incorporásemos también a los órganos competentes de las comunidades autónomas, colegios profesionales y otras corporaciones y organismos que, tangencialmente, también influyen en el núcleo central de la organización de los juzgados y tribunales.

El resumen —y la realidad— de esta confluencia de órganos con capacidad de decisión en elementos informantes de la Administración de Justicia es que, con demasiada frecuencia, dentro de esta se producen situaciones de colisión o pugna de posicionamientos que, también con excesiva asiduidad, ocasionan conflictos de gobernanza que repercuten siempre directamente sobre las autoridades y funcionarios que desempeñan su trabajo en los órganos judiciales (jueces, letrados de la administración de justicia, fiscales…) y, lo que es más importante y preocupante: sobre los ciudadanos que recurren legítimamente a la tutela de sus intereses en sede jurisdiccional.

Esta realidad cotidiana que genera el sistema organizativo instaurado en la Administración de Justicia española alcanzó su nivel más alarmante en los meses posteriores a marzo de este año, en los que la incertidumbre y la ausencia de una estrategia común llevaron a un esperpéntico escenario de dictado y redictado de instrucciones, circulares y códigos de buenas prácticas que, lejos de alcanzar su pretensión, únicamente aportaron más inseguridad y falta de correcta ejecución.

Aunque es cierto que ha existido autocrítica, la estructura vigente de la Justicia continúa asentándose sobre un marco de multidecisión en el que lo preocupante no es la «policefalia», sino el diálogo sordo al que conduce la misma cuando, pudiendo, no se recurre a instrumentos de colaboración que, ahora más que nunca, son posibles y necesarios para llevar a cabo una dirección inteligente, eficaz y responsable de todo lo que afecta a un servicio público en el que se comprometen intereses sociales y económicos de notable importancia.

El recurso a herramientas de colaboración es una “realidad normal” en el marco general de las Administraciones Públicas, tanto nacionales como europeas (véase, el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). Compartir, analizar, dialogar y consensuar no es solamente una posibilidad, es un deber que se erige imprescindible en la gestión y resolución de los asuntos que afectan a la esfera pública, sobre todo cuando, como en el presente actual, las circunstancias que delimitan el contexto cambian con rapidez y exigen la previsión y anticipación de escenarios múltiples con expectativas diversas.

Trasladado lo anterior al esquema descrito de la Administración de Justicia, una lectura prudente de todas las circunstancias nos permitirá alcanzar una ventaja competitiva para conseguir el propósito común a todos los órganos confluyentes: la mejora del servicio público de Justicia. Y es en esa lectura atenta de los datos judiciales en la que localizamos, precisamente, ese hecho: que los juzgados y tribunales, y los órganos y organismos vinculados a ellos, generan datos –muchos datos– e información presente y actual que, correctamente analizada, podría aportar extremos de alto valor para una mejor gestión pública del servicio.

La estadística del CGPJ, los datos numéricos que arrojan las aplicaciones de gestión procesal utilizadas en los diferentes ámbitos territoriales o la información suministrada por otros órganos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, son en su conjunto una fuente inmejorable de información con la que, a partir de la correcta definición de una estrategia común, conseguir una “Justicia racional”.

Nunca hemos estado tan cerca de obtener, exitosamente, un modelo eficaz de cogobernanza y gestión responsable de los asuntos públicos afectantes a Justicia. Y si hoy, pese a toda la adversidad, estamos en esta posición de ventaja, es porque la Administración de Justicia dispone de un historial amplísimo de datos a su servicio. Información cuantitativa y cualitativa que permite un mejor rediseño de la planta judicial, de las necesidades de medios personales y materiales, de las herramientas de apoyo digital y telemático…En suma, una Justicia más eficaz que, al fin, es lo que esperamos todos: una “Justicia racional”.

Álvaro Perea González, letrado de la Administración de Justicia.

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