El juez aplaza sin fecha la declaración de Fainé por la compra de BPI
Problemas técnicos impiden la declaración telemática del presidente de Criteria
![El expresidente de Criteria, Isidro Fainé.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/OTXXSCS5ZBPUBGF6P37WNEH5OU.jpg?auth=900da0bb29c24ba99331c037bdbcd29850f90bd1b55a819581a654e3ac541745&width=414)
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha aplazado sin fecha y por problemas técnicos las declaraciones del expresidente de CaixaBank Isidro Fainé y del "holding" Criteria, querellados en la investigación de supuestas operaciones complejas para adquirir el banco portugués BPI. Según han explicado fuentes jurídicas, aunque se ha tratado de celebrar ambas comparecencias, inicialmente fijadas por videoconferencia para este lunes, el magistrado se ha visto obligado a suspenderlas, si bien de momento no han vuelto a ser fijadas.
También estaba citado el representante legal de CaixaBank, que ha negado que el banco concediera un préstamo de 400 millones de euros al Banco de Fomento de Angola (BFA). Precisamente, esta operación fue una de las denunciadas por los querellantes, que sospechan que dicho préstamo tendría por objeto que Isabel Dos Santos, hija del presidente de aquel país y que controlaba cerca del 10% de BPI, apoyara la entrada de la entidad catalana en el banco luso.
A tenor de las mismas fuentes, CaixaBank ha defendido además ante el juez su programa de cumplimiento normativo, con el que ya contaban en la época de los hechos. La querella, presentada por dos accionistas, fue admitida a trámite en octubre de 2018, e investiga presuntos delitos societarios, de abuso de mercado y administración desleal en la compra de BPI.
CaixaBank, que mantenía una participación minoritaria en BPI desde 1995, cerró con éxito en 2017 su opa sobre el banco portugués y pasó a controlar el 84,5% de su capital, gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros.
Según sostiene la querella, CaixaBank llevó a cabo una permuta de acciones con Bank of East Asia (BEA) para poder entrar en el accionariado de BPI, que a la postre le habría producido a la entidad un perjuicio de 687 millones, aunque en su momento los administradores sólo habían reconocido un impacto negativo de 14 millones.
Asimismo, en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se recogía una pérdida de 102 millones de euros, efecto de la "toma de control sobre el banco BPI".