Sacyr se desploma en Bolsa por un nuevo revés en el Canal de Panamá
Pesa en contra el laudo arbitral del viernes que condena al consorcio GUPC a devolver 206 millones a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
Las acciones de Sacyr han cerrado con una caída del 20,02% tras conocerse que deberá abonar a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en torno a 85 millones de euros, según recoge el laudo que condena al conjunto del consorcio encargado del tercer juego de esclusas a pagar 206 millones. Los títulos de la compañía española, cuya capitalización es inferior a los 1.000 millones de euros, se cambian a 1,62 euros. En el año, Sacyr pierde un 38% en Bolsa.
Una vez resuelto el arbitraje sobre la composición del basalto y la fórmula del hormigón utilizado para la construcción del tercer juego de esclusas del Canal -un proyecto que concluyeron en mayo de 2016 tras siete años de trabajo- Sacyr ha manifestado que mantiene su estrategia empresarial y sus planes de crecimiento.
De hecho, el grupo que preside Manuel Manrique ha reiterado en un comunicado remitido este domingo que cuenta con una "sólida posición financiera" que le permitirá atender la parte que le corresponde del resultado del laudo, "sin comprometer sus proyectos actuales ni su plan de crecimiento futuro".
El consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC), en el que Sacyr participa con un 41,6 %, deberá devolver en torno a 206 millones de euros (240 millones de dólares) a la Autoridad del Canal de Panamá después de la decisión de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), que contradice la resolución anterior del DAB (Dispute Arbitration Board) y que reconoció 265 millones de dólares al consorcio.
Esta reclamación suponía el 8,8% del total de las interpuestas por Sacyr y sus socios en el consorcio encargado de la ampliación del canal (la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA).
El laudo de ICC sobre el basalto -conocido el pasado viernes- sí reconoce al consorcio 21,5 millones de euros (25 millones de dólares aproximadamente) en concepto de gastos adicionales de laboratorio y por la existencia de fallas no detectadas en el terreno.