El juez pide amplia documentación sobre asesoramiento de Linklaters a Popular
Entonces era socio el actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado amplia documentación, incluida hoja de encargo y honorarios, del asesoramiento que Banco Popular encargó para su ampliación
de 2016 al despacho Linklaters, del que entonces era socio el actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella.
En una providencia, a la que ha tenido acceso CincoDías, el magistrado atiende la petición del expresidente de Popular Ángel Ron, y reclama a Linklaters para que, en una semana, "certifique quiénes fueron los profesionales que asesoraron" al banco.
Este oficio se conoce días después de que Albella, durante su declaración como testigo, asegurase que su papel como socio del bufete fue secundario, y señalara a su compañero Jorge Alegre por ser la persona que manejaba toda la documentación sobre Popular.
Según informaron fuentes jurídicas, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también insistió en que una operación como la ampliación de capital de 2016 -ahora, objeto de pesquisas- no implica responsabilidad alguna para los consejeros de la entidad.
Un extremo que ya defendió en el Consejo de Administración del banco de mayo de 2016 que debía dar el visto bueno a la operación, al que acudió con Alegre y en el que ambos mencionaron la ley de sociedades de capital y lo que se conoce como "business judgement rule".
En la práctica, ello significa que si los consejeros toman decisiones estratégicas o de negocio de buena fe, debidamente informados, conforme a un procedimiento adecuado para adoptar la decisión y sin estar afectados por intereses personales, se considera que actúan con la diligencia
exigible.
Ahora, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 accede a la solicitud de los abogados de Ron, José Antonio Choclán y Javier Velasco, del bufete Choclán, y oficia a Linklaters para que, en una semana, "certifique quiénes fueron los profesionales del bufete que asesoraron a Popular en dicha ampliación de capital y redactaron el borrador de la nota de valores correspondiente".
Igualmente, el despacho tendrá que remitir una copia de la hoja de encargo o contrato, donde, apuntan fuentes jurídicas, figura el detalle de lo que se cobró por cada uno de los trabajos llevados a cabo.
El juez requiere además al Banco Santander, como entidad heredera del Popular, para que en el mismo plazo envíe "toda la documentación contractual relacionada con el encargo profesional realizado a Linklaters en relación con la ampliación de capital de 2016".
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración,
el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.
El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación
del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
El próximo testigo citado por el juez es el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, cuya declaración se realizará el 30 de septiembre por videoconferencia.