Fedea pide que autónomos y empresarios puedan volver a despedir
Plantean una modernización también de los servicios públicos de empleo
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) quiere que se elimine la prohibición de que autónomos y empresas puedan despedir tras los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
También quieren que se dé formación a los afectados por ERTEs y que se modernicen también los servicios públicos de empleo y se diseñe una estrategia de consolidación fiscal a aplicar desde 2022, aplazando a su vez la subida de impuestos.
Un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid sugiere que se fije una penalización proporcional con el incumplimiento en materia de despidos. De esa forma, explica, si un empresario despide a un trabajador durante los seis meses posteriores a la finalización de un ERTE tenga que devolver solo las ayudas recibidas por ese trabajador despedido, en vez de todas las ayudas recibidas como se ha fijado en la actualidad.
Controlar rebrotes y adaptar ayudas
Fedea ha presentado un informe referente al Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 y en el que han participado más de 120 expertos formado por profesionales y académicos procedentes de numerosas empresas, universidades, y otras organizaciones con propuestas para la reconstrucción tras la crisis del coronavirus.
Esas son precisamente algunas de las conclusiones que se han presentado a raíz del trabajo de dicho Grupo. El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha manifestado que se deben controlar los rebrotes y adaptar las ayudas que se pusieron en marcha a principio de la crisis para fomentar la reactivación y evitar la destrucción del tejido empresarial. EE3n ese sentido ha instado a que se facilite la asignación de recursos a las empresas con mejores perspectivas a largo plazo.
Del mismo modo exigen que se llegue a un acuerdo presupuestario teniendo en cuenta el “interés general” a in de que haya un crecimiento "inclusivo y sostenible".
Desde Fedea también sugieren que se empiece a diseñar un plan de ajuste fiscal para reconducir las cuentas públicas. Éste, según indican, empezaría a aplicar a partir de 2022 y en él debería haber un "compromiso explícito" de reducir el déficit estructural en medio punto al año.
