Registran la sede de la Autoridad Portuaria de Palma por un supuesto caso de corrupción
La Guardia Civil mantiene cerrados todos los accesos al edificio mientras una veintena de empleados de la sede
Una decena de agentes de la Guardia Civil custodia la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en Palma mientras en su interior se desarrolla el registro iniciado hace unas horas por un supuesto caso de corrupción.
Los agentes del Instituto Armado mantienen cerrados todos los accesos al edificio mientras una veintena de empleados de la sede permanecen desde primera hora de la mañana de este viernes a la espera de poder acceder a su puesto de trabajo en el edificio. Además, durante el registro, se ha podido ver a agentes que han salido de la sede para entrar posteriormente con maletas.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, permanece en las dependencias de la Guardia Civil de la comunidad, junto a otros miembros de la cúpula directiva de la APB. Por el momento se desconoce si están detenidos o retenidos.
Este jueves por la noche el Instituto Armado ya pidió la declaración de personal de la APB. La operación se produce por un caso de supuesta corrupción y el caso estaría relacionado, entre otros asuntos, con una adjudicación de unos amarres en Menorca y unas licitaciones de contratos públicos, que fueron denunciados.
Su presidente, bajo custodia
El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Juan Gual de Torrella, ha llegado a la sede de la institución pocos minutos antes de las 11.00 horas custodiado en un vehículo por agentes de la Guardia Civil.
Según ha informado la misma Autoridad Portuaria a través de su cuenta de Twitter, junto a Gual de Torrella, habrían pasado la noche en las dependencias de la Guardia Civil, el vicepresidente y el director de la institución.
Desde primera hora de la mañana, agentes del Instituto Armado custodian la sede de la APB donde en el interior se está produciendo un registro en el transcurso de una operación contra supuesta corrupción relacionada con una adjudicación de unos amarres en Menorca y unas licitaciones de contratos públicos, que fueron denunciados.