El Gobierno abordará la fiscalidad de la Iglesia y sus inmatriculaciones en septiembre
El Ejecutivo y la Conferencia Episcopal pondrán en marcha varias comisiones técnicas a la vuelta del verano para estudiar su sistema tributario y su capacidad de adjudicarse inmuebles
El Gobierno abordará en septiembre la fiscalidad de la Iglesia Católica en España y sus inmatriculaciones, la capacidad que tiene de adjudicarse inmuebles declarando que son de su propiedad.
Ambos asuntos serán estudiados en el seno de varias comisiones técnicas de trabajo en las que participarán tanto miembros del Ejecutivo como de la Conferencia Episcopal Española.
Así lo ha avanzado este viernes el Gobierno en un comunicado en el que informa que ha recibido ya la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica en 2018, en una reunión mantenida entre el Subsecretario del ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio Hidalgo, y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, que estuvo acompañado por el vicesecretario general para Asuntos Generales, Carlos López Segovia y el vicesecretario general de Asuntos Económicos, Femando Giménez Barriocanal.
Durante este encuentro, ambas partes han concretado que a la vuelta de verano se pondrán en marcha las comisiones de trabajo antes mencionadas, cuya constitución fue abordada el pasado 24 de junio, entre la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan José Omella.
Revisión de las obligaciones tributarias
El Gobierno ya abrió la puerta en verano de 2018 a comenzar a cobrar impuesto a la Iglesia porsus bienes inmatriculados, aquellos que la institución ha ido inscribiendo a su nombre en el Registro de la Propiedad, en el caso de inmuebles no dedicados al culto religioso.
Se supo entonces que el Ministerio de Justicia trabajaba ya en la elaboración de un exhaustivo listado de bienes inmatriculados, después de que el anterior Ejecutivo, el de Mariano Rajoy, solicitara la información al Colegio de Registradores de la Propiedad sin que hubiera consecuencias.
Según los cálculos socialistas, la Iglesia tendría hasta unos 40.000 bienes inmatriculados en todo el territorio, en línea con la cifra manejada por la Conferencia Episcopal que matizó, sin embargo, que no hay un registro único y que cada Diócesis es propietaria de sus inmuebles, lo que complica dar un número exacto.
El listado abriría la puerta a revisar la titularidad de algunos de los bienes que la institución se haya podido adjudicar indebidamente o a comenzar a imponer el pago de impuestos sobre algunos de ellos, pues solo aquellos destinados al culto religioso están fisclamente protegidos por el Acuerdo con la Santa Sede de 1979.
Desde entonces, la Iglesia no paga por sus inmuebles tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los de donaciones y limosnas, el de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto de Sociedades, el de actividades económicas, contribuciones especiales o el de obras.
El resto de bienes de la Iglesia estaría sometido al gravamen ordinario, como aclaró el Tribunal de Justicia de la UE, que consideró que lo contrario podría suponer ayudas e Estado ilegales, lo que motivó que Getafe pudiese comenzar a cobrar el impuesto de obras por la reforma de un colegio religioso, por ejemplo.
2.000 millones de ahorro anual
La asociación Europa Laica calcula que la Iglesia Católica se ahorra unos 2.000 millones de euros al año en el pago de impuestos y logra otros 300 por el beneficio que logra de los bienes inmatriculados.
Otro Gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, ya revisó el acuerdo con el Vaticano, obligando a la Iglesia a pagar el IVA por las actividades no religiosas o educativas, tal como exigía la Unión Europea, si bien elevó a cambio, del 0,52% al 0,7%, la asignación del IRPF a la Iglesia.
Los bienes inmatriculados por la Iglesia en España se habrían incrementado con fuerza, según los socialistas, desde la reforma hipotecaria del Gobierno de José María Aznar, en 1998, que permitió a la Iglesia apuntar a su nombre los inmuebles que considerase de su propiedad, como si de una institución pública se tratara. Esta potestad fue denegada luego en 2014 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
La Iglesia sostiene que los edificios que ha registrado a su nombre son aquellos creados para rezar, reunirse o celebrar la eucaristía, por lo que defiende que, además de los templos, haya inmatriculado las casas anexas a las parroquias, por ejemplo, entre otros inmuebles.
Las comisiones de trabajo anunciadas por el Gobierno actual tendría por objeto negociar una solución a este fenómeno entre la Iglesia Católica y el Ejecutivo, con lo que está por ver las consecuencias tributarias que derivan de las conclusiones de estos grupos de trabajo.
