Los ciudadanos británicos pueden acabar pagando el veto a Huawei

Los operadores que usan el equipamiento actual de 4G del fabricante chino tendrán que sustituirlo

Reuters

Los consumidores británicos podrían acabar pagando la prohibición que ha impuesto el Gobierno sobre Huawei Technologies. Si Boris Johnson impone una prohibición total sobre el equipamiento de las redes súper rápidas de 5G de la empresa china, los operadores de telefonía móvil BT y Vodafone posiblemente tengan que gastar más de 1.000 millones de euros en desinstalar y sustituir el equipamiento actual de Huawei. La factura repercutirá en los contribuyentes.

Dos cosas han cambiado desde enero, cuando Johnson dijo que Huawei podría acabar teniendo hasta un 35% de las partes menos sensibles de las redes de telefonía móvil británicas de próxima generación. Las relaciones chinas con Reino Unido se han enfriado mucho por las duras medidas que Pekín ha impuesto a Hong Kong. Y las sanciones estadounidenses sobre el acceso de Huawei a microchips de tecnología punta ponen en duda el futuro a largo plazo de la empresa.

Esto último proporciona a Johnson una excusa técnica para reconsiderar una decisión política complicada. Si Huawei empieza a fabricar sus propios chips para sustituir los que utilizan una tecnología estadounidense, es difícil saber si darán la talla. Eso también le complica la vida a los servicios de inteligencia británicos que intentan averiguar si Pekín podría apropiarse del equipamiento de la empresa para espiar, algo que Huawei ha negado sistemáticamente.

Pero el hecho de prohibir que Huawei participe en las redes de 5G conlleva unos costes directos significativos. Los operadores que usan el equipamiento actual de 4G del fabricante tendrán que sustituirlo, porque el nuevo equipamiento de sus rivales Nokia y Ericsson no funcionará con las torres de telefonía móvil de Huawei. Después de que el Gobierno impusiera su límite del 35% en enero, BT reservó unos 555 millones para reducir sus 12.000 torres de 4G con equipamiento de Huawei hasta las 6.600 permitidas. Eso implica que la eliminación de todo el equipamiento de Huawei costará otros 690 millones de euros. Según ese mismo criterio, su rival Vodafone se enfrenta a una factura de unos 620 millones de euros, que equivale a casi un tercio de los ingresos netos previstos para el año que viene del operador valorado en unos 38.000 millones de euros.

Si el Gobierno da un giro de 180 grados, las empresas tendrán sólidos argumentos para exigir una compensación. Una de las opciones sería recuperarse del golpe pagando menos por el espectro 5G en las próximas subastas, lo que reducirá los ingresos del Gobierno. Si no, Johnson podría disminuir el coste ampliando el plazo, quizás hasta 2029, cuando la mayor parte del equipamiento de Huawei ya estará obsoleto. Pero eso pondría en entredicho la idea de que el grupo chino supone una amenaza para la seguridad nacional. Lo más probable es que paguen los ciudadanos.