La Cámara de Comercio pide rebajas fiscales para el automóvil

También un mayor apoyo a las pymes y autónomos, con independencia de su volumen de negocio

Línea de montaje de Seat en Martorell (Barcelona).
Línea de montaje de Seat en Martorell (Barcelona).

La Cámara de Comercio de España apoya el plan de choque de estímulo a la demanda recientemente aprobado por el Gobierno para la industria de la automoción pero estima que se puede mejorar. Para ello, ha establecido una serie de medidas “imprescindibles” para conservar el tejido productivo del sector.

Mientras las plantas de producción vuelven a sus volúmenes precrisis y se recupera la demanda de coches, el organismo aboga por que se amplíen las medidas de apoyo financiero a pymes y autónomos, tanto en términos temporales como a todas las empresas del sector, con independencia de su volumen de negocio.

En la actualidad, el límite de volumen de negocio fijado para la aplicación de este apoyo es de 600.000 euros, una cantidad que el jefe del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio, Raúl Mínguez, considera “relativamente reducida”, ya que muchas empresas que forman parte de la cadena de valor del sector se quedan fuera de su alcance.

Asimismo, Mínguez apuesta por la cancelación de las deudas que las Administraciones públicas tienen con las compañías. “Es muy importante que las Administraciones aceleren el abono de las facturas pendientes a las empresas del sector y devuelvan el IVA adeudado a la mayor brevedad, en momentos en los que garantizar la liquidez es esencial para evitar la suspensión de pagos o, incluso, el cierre de empresas”, se indica en el informe Medidas destinadas a la recuperación del sector de automoción ante la crisis del Covid-19, elaborado por la Cámara de Comercio y al que ha tenido acceso CincoDías.

En la misma línea, el organismo pide una flexibilización de los requisitos formales y materiales para la recuperación del IVA por impagos de cuotas repercutidas en los supuestos de deudas incobrables y de concurso de acreedores. Mínguez opina que, en una situación de crisis como la de la pandemia, se debería evitar que las empresas se vean obligadas a soportar el coste del impuesto ante impagos de sus clientes.

Fin del impuesto de matriculación

La Cámara de Comercio de España sostiene, entre sus propuestas, que debe realizarse una revolución fiscal en los impuestos ligados al automóvil, potenciando el uso sobre la compra del vehículo.

Para ello, recomienda la eliminación del impuesto de matriculación y su sustitución por un impuesto medioambiental que grave en función de las emisiones de CO2 y otros contaminantes.

De esta forma, quedarían exentos los vehículos eléctricos e híbridos enchufables. De igual forma, propone avales del ICO para la compra de vehículos industriales y autobuses.

Otra de las medidas por la que apuesta el organismo para paliar los efectos de la crisis del coronavirus sobre el automóvil, es que todas las empresas, sin discriminación por dimensión de la plantilla o por facturación, puedan beneficiarse de la moratoria del abono de las cuotas a la Seguridad Social hasta final de año “como mínimo”, y sin generar recargo del 10% ni intereses.

En opinión de Mínguez, esta medida debería ser también compatible con la que posibilita la reducción de cotizaciones por ERTE de fuerza mayor. Otras de las medidas que deben acometerse según Mínguez es favorecer la colaboración público-privada en la innovación y digitalización, con el fin de mejorar los procesos industriales del motor, impulsar el conocimiento científico y técnico y el ahorro energético, y fomentar y la Industria 4.0.

Por otro lado, defiende más ayudas para proyectos de innovación, que fomenten la colaboración intersectorial y el desarrollo de una nueva cadena de valor.

Recuperar la demanda externa

Más del 80% de la producción de las plantas automovilísticas establecidas en España se destina a terceros países y, en este contexto, la Cámara de Comercio apunta que el Gobierno debería defender a nivel europeo medidas que aseguren el funcionamiento del mercado único.

En concreto, independientemente de la duración de la situación de excepcionalidad en los distintos países, considera que el transporte de mercancías debería quedar exento del cierre de fronteras y los Estados miembroo deberían consensuar las medidas de control fronterizo para apoyar el funcionamiento del mercado único.

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