Codere plantea reducir capital y aprobar un blindaje legal a sus consejeros de hasta 20 millones
Los hermanos Martínez Sampedro vuelven a pedir el cese del presidente de la sociedad, Norman Sorensen.
El consejo de administración de Codere ha acordado convocar junta ordinaria y extraordinaria de accionistas para el 24 y 25 de julio en la que planteará como puntos del orden del día, además de la aprobación de las cuentas de 2019, una reducción de capital para la creación de una reserva indisponible, además de distintos cambios estatutarios para poder prestar coberturas jurídicas a sus consejeros por un valor anual máximo de 20 millones de euros.
Así consta en el orden del día remitido en la CNMV. Dicha reducción de capital será de algo más de 450.000 euros, reduciendo el valor nominal de sus títulos en 3,8 euros hasta 0,5 euros. La finalidad, según dice la propia empresa, es favorecer una futura emisión de acciones dentro de una ampliación de capital. "La finalidad de la reducción de capital es favorecer la colocación en el mercado de las acciones que pudieran emitirse en el marco de la ejecución de una o varias operaciones de aumento de capital otorgando mayor flexibilidad al consejo a la hora de determinar el precio de emisión efectivo", dice la compañía de juego, que recuerda que "los acreedores no gozan de derecho de oposición" a dicha reducción al destinarse a reservas, y solo necesita el visto bueno de la junta.
Otro de los puntos relevantes de la convocatoria es una serie de cambios estatutarios referidos a las retribuciones de los consejeros y a su cobertura legal. Los estatutos que están ahora mismo en vigor ya contemplan que Codere pueda "contratar un seguro de responsabilidad civil para sus consejeros" ante posibles contingencias. Ahora lo que se propone es que, además, sea la propia empresa la que pueda "prestar cobertura de responsabilidad a los consejeros", excluyendo de la misma actuaciones "dolosas o que perjudiquen al interés social de la Sociedad, y excluyendo igualmente los gastos o costes relacionados con dichas actuaciones dolosas o que perjudiquen al interés social" de Codere.
Una forma de ampliar las posibilidades de blindaje para sus consejeros ante "gastos de defensa y las indemnizaciones impuestas" de estos. "La sociedad únicamente prestará tal cobertura en caso de resultar necesario por producirse unos gastos de defensa o indemnizaciones que sean impuestas a los consejeros y el consejo de administración considere", dice la propuesta.
Segun confirman fuentes de la empresa, esta propuesta supone que Codere asumirá esas coberturas debido a que no ha podido renovar la póliza D&O (directors and officers en inglés) que tenía contratada para esta labor. El motivo, explican las mismas fuentes, es que la crisis sanitaria, la incertidumbre económica y las circunstancias de litigiosidad de la sociedad han impedido su renovación en "condiciones razonables"".
Hay que recordar la guerra que mantienen los fundadores de la empresa, los hermanos Martínez Sampedro, con parte del consejo, y que continuará en la junta de accionistas de julio. Estos, que mantienen más de un 14% del capital de la sociedad, han incluido en el orden del día una propuesta para cesar al presidente del consejo, Norman Sorensen, y a los consejeros Matthew Turner y Timothy Lavelle, nombrados por los fondos que en la actualidad manejan la gestión de la compañía.
Estos gastos legales que asumirá Codere serán computados como retribución de los accionistas. El sistema retributivo contemplará , por un lado, una remuneración fija para los consejeros por su condición de tal por un máximo dos millones de euros, cantidad que se mantiene invariable. Por otro, ese blindaje legal tendrá un máximo anual de 20 millones de euros "para responder a eventuales pagos en el caso de hacerse uso de la cobertura de responsabilidad" descrita anteriormente.
Un blindaje que llega en un momento de dificultades en el negocio de Codere, afectado por el estado de alarma que provocó el cierre de sus salones de juego. En el primer trimestre del ejercicio actual la compañía cotizada de juego perdió 97 millones, todavía sin contar el parón generalizado de su actividad en abril y parte de mayo. Esto provocó una búsqueda de liquidez adicional de 100 millones de euros ante las tensiones que empezaba a tener en caja.