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En colaboración conLa Ley
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Surge un movimiento para eliminar el IVA de los servicios de abogados y procuradores

La Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid se ha unido a la reciente petición realizada por la Asociación Española de Abogados de Familia

La Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA Madrid) se ha unido a la reciente petición realizada por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) en la que se considera urgente y necesario la eliminación del Impuesto de Valor Añadido en los servicios ofrecidos tanto por abogados como por procuradores. Según reivindican, estos profesionales son fundamentales para el ejercicio de un correcto derecho de defensa.

En un informe titulado El IVA de los Justiciables, Sonia Álvarez, abogada y la autora del mismo, expone que “obligar al ciudadano a pagar un IVA del 21% por defender su indemnización laboral, anular cláusulas bancarias abusivas, divorciarse o reclamar el impago de pensiones de alimentos es un ataque directo al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.

En palabras del presidente de la Agrupación, Alberto Cabello, “esta reivindicación es indispensable para garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Los servicios jurídicos son y serán esenciales, como ha quedado acreditado en esta terrible crisis sanitaria que hemos vivido en nuestro país, y por tanto es imprescindible obtener el compromiso de todas las instituciones exonerando del Impuesto del Valor Añadido con referencia a cualquier acción de naturaleza jurídica que afecta a personas físicas.”

Según indica AEAFA en su comunicado, resulta injusto que las sociedades puedan desgravarse de su base imponible los servicios contratados con despachos de abogados, mientras que los particulares deben soportar esta carga fiscal sin deducción posible.

La petición llega en un momento de mayor vulnerabilidad. A la previsible avalancha de demandas en diferentes órdenes jurisdiccionales (especialmente en el ámbito de familia y laboral), y la insostenible situación de muchas familias, "se suma el incremento de gastos en caso de tener que contratar servicios de profesionales de la justicia, sin que sea posible deducción alguna".

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