Las comunidades podrán eliminar sus rentas mínimas o completar la estatal

El Gobierno confía en que las regiones mejoren el Ingreso Mínimo Vital. El presupuesto estatal es de 3.000 millones, el doble que el autonómico.

Belén Trincado / Cinco Días

“Nosotros no podemos obligar a las comunidades autónomas a que completen y mejoren el ingreso mínimo vital [IMV]”. Esto es lo que reconocían el viernes fuentes del Gobierno encargadas de diseñar esta nueva prestación asistencial de la Seguridad Social aprobada el viernes pasado en el Consejo de Ministros.

Durante su diseño y después de su aprobación, distintos representantes del Ejecutivo declararon en rei­te­radas ocasiones que el IMV sería un suelo mínimo en todo el territorio nacional y que las comunidades autónomas podrían complementar y mejorar dicha renta estatal a través de su red de rentas mínimas autonómicas ya existente.

Y no mentían, ya que las comunidades podrán efectivamente mejorar el ingreso mínimo, o no. De hecho, lo que también podrán hacer es eliminar sus propias rentas mínimas y ahorrarse los 1.500 millones que todas las regiones destinan anualmente en su conjunto a este tipo de ayudas a familias vulnerables en sus territorios.

Eso es lo que no han destacado tanto desde el Gobierno. Aunque el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya lo sugirió el viernes durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aprobó esta ayuda. El ingreso mínimo “liberará recursos a las comunidades autónomas, lo que les permitirá focalizar y reajustar los gastos” que destinaban hasta ahora a sus rentas mínimas, explicó.

No obstante, Escrivá confió en que “no haya problemas” para que las comunidades decidan acometer un rediseño de sus rentas –que en su mayoría son directamente incompatibles con las prestaciones estatales– para que pasen a ser complementarias y subsidiarias, mejorando el IMV.

De hecho, el ministro aseguró que las regiones “están preparadas para redefinir y reajustar sus prestaciones, y para decidir dónde quieren reconducir los recursos que están utilizando”. Si bien, admitió también que la decisión de utilizar el presupuesto de las rentas autonómicas para mejorar las rentas mínimas “dependerá exclusivamente de cada comunidad autónoma, en función de su soberanía y de dónde quieren redestinar sus recursos”.

Sin embargo, desde el Ejecutivo han asegurado que en las próximas semanas e incluso meses seguirán negociando con las comunidades para desarrollar todo los flecos reglamentarios que quedan para implementar totalmente de esta prestación. En estas conversaciones, los responsables gubernamentales intentarán convencer a las regiones para que, en su rediseño de rentas mínimas, destinen al menos una parte de su presupuesto a mejorar y aumentar las cuantías del ingreso mínimo vital estatal.

Aunque este no es el único melón que se abre con esta renta en el terreno autonómico. El Gobierno llegó la semana pasada a un acuerdo con el PNV, antes incluso de aprobar el IMV, para el traspaso inmediato de la gestión de esta nueva prestación al País Vasco y a Navarra, que tienen, por su parte las más completas redes de rentas mínimas regionales de España.

Varias comunidades ya han apuntado su intención de reclamar la gestión, total o parcial, de esta ayuda. Desde el Gobierno, no obstante, aún no se ha concretado en qué medida hay disposición a negociar nuevos traspasos de esta gestión.

En cualquier caso, fuentes de la gestión de los servi­cios sociales autonómicos advierten de que podría haber comunidades que dejen que el Estado implante del todo esta prestación, duplique el presupuesto que destina a estas rentas mínimas –el propio Escrivá destacó que el IMV multiplicará por cuatro los beneficiarios medios de las rentas autonómicas en cada comunidad– de los 1.500 millones que se gastan ahora a 3.000 millones (que es el coste previsto para la ayuda estatal), para luego reclamar la competencia de su gestión y el traspaso de estos fondos.

‘Prepara’ y ‘PAE’, dos precedentes

Conflicto. El Ingreso Mínimo se ha anclado en la Seguridad Social para blindar su competencia estatal y que no le ocurriera como al Gobierno del PP, al que el Constitucional le quitó la competencia de dos planes de ayudas a parados: el Plan Prepara y el PAE. En julio de 2017 el Tribunal Constitucional (TC) dio la razón al Gobierno del País Vasco contra la decisión del Ejecutivo central de prorrogar el programa de recualificación de los parados que agotaran su protección por desempleo. Esta comunidad reclamó que es trataba de una política activa de empleo que era de competencia autómica y el TC le dio la razón. Tras una encomienda de gestión por parte de las comunidades, el Gobierno gestionó esta ayuda hasta su desaparición en abril de 2018. El TC volvió a dar la razón al País Vasco con el siguiente programa de similares carácterísticas, el Plan de Activacón para el Empleo (PAE).