Un juez de Castilla-La Mancha ordena que los funcionarios sigan teletrabajando
El fallo suspende la reincorporación ordenada por la Administración regional para prevenir la propagación del Covid
Los trabajadores de la Administración regional castellanomanchega que venían prestando servicios por teletrabajo a raíz de la declaración del estado de alarma no tendrán que incorporarse a su puesto pese a la orden de regreso de la Junta. Así lo ha determinado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo, que ha suspendido cautelarmente la ejecución del plan de desescalada para prevenir posibles contagios y propagación del Covid.
La decisión prioriza así el derecho a la protección de la salud frente a la reincorporación presencial de los teletrabajadores, que “han venido desempeñando sus servicios sin afectación, a priori, del trabajo desempeñado”. El auto (cuyo texto puede consultar aquí), dictado de forma urgente en un proceso especial, dispone que los empleados públicos afectados, unos 5.000, no tendrán obligación de acudir presencialmente a su puesto de trabajo en tanto así lo establezca el Ministerio de Sanidad.
La resolución de la Dirección General, que excluía a sanitarios y docentes, preveía la reincorporación inmediata de los trabajadores con despacho individual al día siguiente de la entrada en vigor de la fase 1. El personal que compartiera sala debía volver la semana posterior. Finalmente, quedaba excluido el de atención directa al público, que se incorporaría una vez se autorizase el acceso de la población a los edificios. Hay que recordar que el pasado 18 de mayo todas las provincias de Castilla-La Mancha pasaron a fase 1.
La novedosa resolución se ha hecho pública en un momento en el que las distintas Administraciones están organizando la reincorporación escalonada de la plantilla. “Frente a las prisas generalizadas de muchas Administraciones Públicas por volver a la presencialidad, el auto ha puesto de manifiesto que debe primar evitar la propagación del virus y el derecho a la protección de la salud”, afirma Concepción Campos, doctora en Derecho y secretaria de la Administración local. Según explica la jurista, pese a que el juzgado no se pronuncia sobre el fondo del asunto, se pone de relieve que, en esta cuestión, “existen argumentos de peso a favor de la prioridad del teletrabajo siempre que sea posible”.
El sindicato demandante solicitó la continuidad del teletrabajo, argumentando el carácter preferente del trabajo telemático establecido en las normas sanitarias, así como el peligro de contagio por una desescalada impuesta.
La resolución ha sido acatada y, de este modo, los funcionarios castellanomanchegos con conexión VPN que, según la resolución de la Dirección General, se habrían incorporado a su puesto el 26 de mayo, seguirán teletrabajando hasta nueva orden.
Para Campos, detrás de las resoluciones administrativas de regreso al puesto presencial subyace "un profundo problema de desconfianza hacia el sistema de teletrabajo", cuando se está demostrando que se trabaja incluso más. En su opinión, es el momento de avanzar en el camino de la digitalización de la Administración que, recuerda, sigue siendo responsable de proteger la salud de sus empleados. Como señala, el proceso de desescalada "no minimiza la obligación de prevención de riesgos laborales de la administración pública como empleador".