Calvo defiende reformar la ley para poder responder a rebrotes sin el estado de alarma

La vicepresidenta apunta que las reformas legislativas llegarán al Parlamento "con mucha rapidez" para poder actuar en otoño si hay rebrotes

La vicepresidenta primera Carmen Calvo, comparece ante la Comisión Constitucional del Senado.
La vicepresidenta primera Carmen Calvo, comparece ante la Comisión Constitucional del Senado.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles en el Senado una reforma legislativa para que España esté pertrechada ante eventuales rebrotes de la pandemia de coronavirus en un futuro y pueda dar una respuesta sin tener que recurrir al instrumento del estado de alarma, que el Ejecutivo pretende mantener hasta que termine la desescalada, "a final del mes de junio o principios de julio".

En una comparecencia ante la Comisión Constitucional de la Cámara Alta, Calvo ha avanzado que estos proyectos de reforma legislativa llegarán pronto al Parlamento ya que la idea sería tenerlos preparados para el otoño próximo, cuando podría llegar algún rebrote, para lo que se necesita a su juicio "un acuerdo", "sin merma de las transferencias" y bajo el respeto a las competencias sumidas por las comunidades autónomas, que permita "reaccionar en términos cotidianos a las emergencias que necesitemos".

La vicepresidenta no ha mencionado expresamente ninguna ley en concreto, pero sí ha hablado de "una reforma sanitaria de algunos elementos importantes de la legislación básica del Estado" que el Ejecutivo quiere afrontar "con mucha rapidez".

"Tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y naturalmente el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la Covid-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de la Constitución" que regula el estado de alarma, mecanismo por el que optó el Gobierno para restringir libertades fundamentales como la libertad de circulación y la de reunión por considerar que era el más "garantista" posible, al requerir la autorización del Congreso para prorrogarlo más allá de los 15 días iniciales previstos en la Constitución.

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