El coronavirus impulsa la armonización de tasas para acabar con la brecha entre comunidades

Un estudiante de Cataluña paga unos 5.000 euros más que otro de Canarias por el mismo grado

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Más de 5.000 euros. Es la diferencia mínima que hay entre estudiar un grado en Cataluña, la comunidad de España con los precios universitarios públicos más caros, y hacerlo en Canarias, la zona más barata. Este salto, además, se hace más grande a medida que un alumno suspende una o más asignaturas, ya que la factura de las tasas va creciendo hasta que se logra el aprobado. Esta brecha, que se fue agrandando a partir de la crisis económica, es la que se ha propuesto reducir el ministro de Universidades, Manuel Castells, que apuesta por una armonización de tasas entre las regiones españolas. El objetivo, explica Alejandra Calvo, portavoz del ministerio, es “deshacer la gran horquilla de precios, que crea una disparidad entre comunidades, y rebajar la presión económica sobre el estudiantado de las autonomías más caras. Ahora, con la crisis del coronavirus, esto es más necesario incluso que antes, porque el poder adquisitivo de muchos universitarios y sus familias se verá reducido.

Esta semana, el Consejo de Ministros dio el primer paso para derogar el modelo de horquillas, introducido en el curso 2011-2012. Hoy, en la Conferencia General de Política Universitaria, Castells trasladará su propuesta a las comunidades autónomas, con competencias directas en educación.

En España, cada grado universitario consta de 240 créditos, que el estudiante debe ir abonando y superando curso tras curso. En el caso de aprobar de forma regular las diferentes materias, un alumno de un campus catalán pagará una media de 33,5 euros por crédito, frente a los 11,7 que abonará el que se matricula en uno canario. En España, la media se sitúa en los 17 euros, y el precio real de cada grado depende de su grado de experimentalidad, que suma o resta unos pocos euros a cada crédito.

Aunque a simple vista la disparidad no parece tan grande, al contextualizar las tasas en una carrera completa –siempre que se apruebe de forma regular– es donde se hace palpable el gran salto: en Cataluña, obtener un grado aprobando regularmente supone una inversión media de 8.045 euros por cabeza, frente a los 2.810 de Canarias. Madrid, la segunda región más cara, exige a cada estudiante 5.767 euros por título de media; Galicia, muy cerca de Canarias, ingresa 2.854 euros por persona.

Esta disparidad tiene su origen en la gestión de las comunidades autónomas, con competencias y con la capacidad de aumentar o reducir el precio de las tasas. En términos porcentuales, la horquilla del importe que paga el estudiante de unas comunidades y otras se mueve entre el 12% y el 38%, cuando organismos como la OCDE recomiendan no superar el 15%.

El ministerio ya tuvo sus primeros acercamientos con los responsables regionales para abordar la problemática antes de que estallase la crisis sanitaria, que dejó aparcada la reforma. Ahora, la cartera de Universidades vuelve a poner en marcha la armonización. “Hay que ver dónde se fija el precio máximo autonómico y buscar alternativas de financiación para contrarrestar el impacto”, señala Calvo. La idea de Universidades es buscar un consenso total entre zonas, para que ninguna comunidad pueda desligarse de la horquilla pactada. “También hay prioridad por abordar el grado antes que el máster”, recalca la portavoz.

Entre las opciones que hay sobre la mesa se baraja la posibilidad de que sea el Estado el que sufrague el gasto adicional para que la universidad no se vea perjudicada por falta de presupuesto. Por el momento, el ministerio cuenta con el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), “siempre y cuando ese hueco se rellene con otros fondos. Si no, las universidades corremos el riesgo de ver reducidos más aún nuestros presupuestos”, explica Margarita Boix, rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona y portavoz de la CRUE. “Creemos que la horquilla debería estar entre el 12% y 15%, y que a la armonización de las tasas le acompañe un aumento sustancial de las becas”.

Esta brecha va creciendo tras los suspensos. A partir de la cuarta inscripción, un estudiante de Cataluña abona 146,4 euros por crédito, frente a los 39,7 que paga uno en Galicia. Dicho de otro modo, un alumno de la Universidad de Santiago que suspende cuatro o más veces una materia paga solo 6,2 euros más por crédito que el estudiante de la Pompeu Fabra que se matricula por primera vez.

Algo similar sucede en el caso de los másteres, tanto los habilitantes –requeridos para ejercer como arquitecto, psicólogo o abogado– como los no habilitantes –elegidos para ampliar el currículo–. El precio por crédito en Cataluña oscila entre los 41 y los 48 euros, frente a los 11 y 14 euros entre los que se mueve Canarias. En números absolutos, la diferencia entre una y otra comunidad supera los 4.000 euros.

Andalucía y Aragón dan ideas

Andalucía ofrece algunas ideas que pueden adoptarse para reducir la carga económica sobre el estudiante. Hace casi tres años, la región aprobó una bonificación del 99% de los créditos universitarios aprobados en primera matricula. De esta forma, el estudiante que supera de forma regular sus asignaturas solo tiene que abonar los gastos burocráticos. La medida, que supone un ahorro total medio del 75%, se aplica tanto en grados como en másteres. Algo similar implementó hace dos cursos el Gobierno de Aragón, bonificando el 50% del coste de la matrícula a los alumnos que aprueban regularmente. Galicia y País Vasco también tienen modelos parecidos.

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