El capital riesgo pide a Economía que aclare el nuevo régimen de inversión

Reclama que se excluya a las gestoras españolas y al ‘venture capital’

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La industria española del capital riesgo se muestra inquieta ante el nuevo régimen de inversión extranjera que la vicepresidencia de Asuntos Económicos ha puesto en marcha en pleno estado de alarma. Pide una autorización administrativa a la toma de más del 10% de las acciones de empresas españolas que operen en sectores esenciales, tales como la energía, la sanidad, las telecomunicaciones o los medios de comunicación.

La patronal española de capital privado –Ascri, que agrupa a fondos españoles y a extranjeros como CVC, KKR o Cinven– ha pedido a Economía aclaraciones sobre este nuevo sistema para que no ponga en jaque a un sector que el año pasado captó para España más de 8.000 millones en inversión, según indican fuentes financieras a CincoDías.

En concreto, la patronal que preside Miguel Zurita ha instado al Gobierno a aclarar tres puntos concretos. Por dos fórmulas: a través de una carta remitida al departamento que pilota Nadia Calviño y también con la mediación del Instituto de Crédito Oficial. El primero es excluir explícitamente a las gestoras españolas de esta autorización administrativa. La primera redacción de la norma dejaba la puerta abierta a que un inversor no comunitario entrase en una empresa española si constituía una sociedad instrumental en cualquier país de la UE. Su segunda redacción extendía la necesidad de autorización a aquellas empresas controladas por extranjeros en un 25%.

El problema está en que cuando una firma española de capital riesgo quiere levantar un fondo se ve obligada a hacerlo fuera de España, fundamentalmente en Londres y Nueva York, ante el escaso desarrollo del mercado patrio. Los fondos españoles temen que la ambigüedad en la redacción de la norma los incluya también y que el Gobierno considere que esa captación de capital de fuera de la UE es un requisito suficiente para ser sometidos a su visto bueno, si bien en la práctica las decisiones de estos fondos se toman en Madrid o Barcelona.

El segundo caballo de batalla del sector es el venture capital. Estas startups necesitan acudir con frecuencia a rondas de financiación, donde el capital no europeo tiene un papel clave para recabar la liquidez suficiente para abrir la persiana cada día. Un proceso de autorización demasiado largo puede condenar a muchas empresas tecnológicas a la quiebra.

Ascri pide, por tanto, que se excluya este tipo de operaciones de este proceso administrativo. El Gobierno ya lo ha permitido con las transacciones de menos de un millón de euros, pero el grueso del sector queda por encima.

El tercer punto versa sobre la inseguridad jurídica. Los fondos que operan en España recuerdan el tirón del sector, que ha pulverizado año a año sus propios récords. La petición es que el nuevo marco de inversión extranjera sea claro, no esté sujeto a constantes cambios y sea ágil y flexible. Es decir, que el proceso no se demore durante meses y que esto pueda ser un lastre para la inversión internacional en España.