El puerto de Algeciras, en pie de guerra con más de 400 bajas en la estiba por el virus
Empresas y trabajadores del principal puerto de España se enzarzan por la negociación de medidas de protección e incentivos
El efecto del coronavirus entre la plantilla de estibadores del Puerto de Algeciras (Cádiz), con 420 bajas, ha hecho saltar por los aires la actividad de la principal infraestructura portuaria del país, donde se produjo en la noche de ayer martes un paro de seis horas en la operación de mercancías por falta de personal. El de Algeciras es el principal punto de paso de mercancías en España, con 109,4 millones de toneladas en 2019.
Las dos terminales, APM Terminal (APM) y Total Terminal International (TTIA), volvieron a funcionar tras el nombramiento de personal a las dos de la madrugada para atender la carga. En el siguiente turno, a las 8 de esta mañana, se ha vuelto a nombrar un equipo. La tensión laboral se ha visto agudizada ante una grave acusación de las empresas y del Centro Portuario de Empleo (CPE) a los trabajadores, de quienes se asegura que tratan de arrancar un plus por acudir al puerto en las actuales condiciones. Un extremo que ha sido desmentido categóricamente por el comité de empresa, que habla de niveles de actuación “envidiables”.
Desde el CPE se informó de que anoche le había sido imposible atender el requerimiento de las empresas estibadoras del puerto gaditano "ante la falta de disponibilidad de los cerca de 1.800 trabajadores de su plantilla". Y se ha recordado que la actividad portuaria ha sido declarada esencial y que cualquier maniobra de bloqueo constituye "un claro incumplimiento" de lo decretado por el Gobierno.
Los efectivos de baja, junto a los que están en turno de descanso, suponen que está fuera de juego alrededor del 40% de la plantilla de estibadores
Los representantes de los trabajadores advierten que la plantilla está desbordada, sobrepasada de horas y jornadas, ante las citadas 420 bajas, muchas de ellas por fiebre y síntomas relacionados con el Covid-19 que no habrían sido confirmados por falta de test. Esos efectivos fuera de juego, junto a los turnos de descanso, suponen alrededor del 40% de la plantilla de estibadores.
“Queremos dejar muy claro que nosotros no hemos pedido ni queremos nada que no sea lo que establecen nuestros acuerdos y está pactado”, se asegura desde el comité de empresa, “tenemos comunicados de hace solo un par de días, tanto del CPE como de las empresas estibadoras, felicitando a los trabajadores por su profesionalidad y buen hacer”.
En el Puerto de Algeciras, afirman sus trabajadores, se está atendiendo carga desviada desde otros puertos. “A las 20 horas del día 31 no había ya personal disponible, se había agotado toda la lista. A las 02:00h del día 1 de abril se han nombrado 19 equipos de trabajo y a las 08:00h otros 19 equipos”, se explica tras el caos vivido.
Solo la carga esencial
Más allá de la tensión vivida, los representantes de la plantilla piden negociar “qué mercancías son esenciales para nuestra actividad y comunidad. Las personas son más importantes que mercancías no esenciales”.
Respecto a la polémica sobre los incentivos, los estibadores argumentan que “son las empresas las que están ofreciendo un incentivo económico a cambio de modificar las condiciones de trabajo para que su negocio no baje lo más mínimo y nosotros defendemos nuestro convenio, simplemente”.
El comité dice defender que se minimicen los riesgos de contagio y pone de manifiesto que hay medidas preventivas que aún no han llegado. “Hemos estado trabajando desde que esta crisis empezó prácticamente sin EPIs, soportando el nerviosismo y el miedo, dando la cara y mostrando nuestra profesionalidad”.
Hasta ahora se han mantenido reuniones prácticamente diarias entre empresas y estibadores con el fin de acordar sobre "la mejor operativa para mantener la actividad en las terminales y, al tiempo, reforzar las medidas de prevención e higiene para minimizar las posibilidades de exposición al coronavirus". Es en estas negociaciones donde los representantes de los trabajadores habrían demandado cobrar un plus u obtener garantía económica durante la vigencia del estado de alarma. Un extremo al que se habrían opuesto frontalmente las empresas.