El Gobierno suaviza el cierre de actividad y amplía el rescate social

Aprueba medio centenar de medidas para contener el impacto de la pandemia y anticipa que la recuperación de la normalidad tras la Semana Santa será paulatina

El Consejo de Ministros desplegó este martes una nueva batería de medidas en la lucha contra la pandemia del coronavirus Covid-19 a la que el Gobierno dio una pátina de carácter definitivo tras el aluvión de decretos aprobados en las últimas semanas. En esta ocasión, el Ejecutivo ha aprovechado para resolver algunas “lagunas” que reconoce que habían dejado sus iniciativas anteriores, a la par que amplía con fuerza las medidas de rescate social para los colectivos más vulnerables y suaviza en cierta medida la parálisis de toda la actividad no esencial decretada desde el lunes, dando algo de aire a la industria. De hecho, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sostuvo que esta “hibernación económica” lo que busca “no es paralizar la actividad” sino “reducir la movilidad de los trabajadores” hasta la mínima expresión.

“No hay que contraponer economía y salud, cuanto antes superemos esta fase y entremos en una de mayor control de la epidemia, más fácil será recuperar el ritmo normal de nuestras vidas y de nuestra economía”, sostuvo Calviño, garante de la ortodoxia económica a la que las empresas españolas vienen apelando para impedir que la parálisis de la actividad sea tan definitiva como para impedir luego reanimar a las empresas más afectadas.

En todo caso, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprovechó para anticipar que las medidas vigentes bajo el estado de alarma seguirán en marcha al menos hasta que concluya la Semana Santa y que, a partir de entonces, solo cuando las autoridades sanitarias lo aconsejen, se acometerá “de forma progresiva”, y cuidando de no revertir los logros acumulados en la prevención de la enfermedad, “el restablecimiento de la normalidad de la vida cotidiana”.

“Se trata de salvar vidas y de que la economía pueda entrar en situación basal, una suerte de estado de hibernación que permita que cuando pase la fase intensa de esta pandemia podamos recuperar, reactivar nuestro modelo productivo, para seguir creciendo y alcanzar las cotas de bienestar que estábamos alcanzando”, expuso Montero, que aseveró que los sacrificios de la sociedad ya se están comenzado a hacer notar en las cifras de afectados. Las decisiones adoptadas por el Ejecutivo “salvan vidas”, defendió el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, que acompañó a Montero y Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En todo caso, ante la posibilidad de que esta situación se alargue, y dado el enorme impacto que puede tener solo con unas semanas de vigencia, el Gobierno aprobó ayer un nuevo plan de choque de enorme calado social. Más de medio centenar de medidas, recogidas en un decreto de 83 páginas, que buscan tejer una “red de seguridad” que garantice la protección de autónomos, trabajadores temporales, inquilinos o consumidores, pero también dar margen de maniobra a la banca o la industria.

En el plano laboral, las medidas abordadas incluyen aplazamientos y una moratoria de seis meses en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social; una ayuda para trabajadores temporales que han perdido su empleo; o una prestación para empleadas del hogar.

En paralelo, el Ejecutivo ha decidido actuar en el mercado del alquiler a fin de proteger a los inquilinos en situación de vulnerabilidad, ofreciendo además financiación pública, en forma de microcréditos a 10 años, para aquellos que no sean capaces de hacer frente a sus obligaciones y ampliando automáticamente los contratos a punto de vencer. Además, se prohíbe el corte del suministro eléctrico y de agua mientras dure la emergencia, y se amplía el bono social para familias con pocos recursos,

De otra parte, el Gobierno amplía la moratoria hipotecaria ya aprobada para beneficiar también a los autónomos a la vez que la extiende también al resto de préstamos bancarios, incluyendo los créditos al consumo. Además, se permitirá rescatar anticipadamente los planes de pensiones para facilitar liquidez a quienes la necesiten como consecuencia de la crisis.

En paralelo, el Ejecutivo ha introducido también “retoques” en el plan de protección de las empresas españolas para fortalecer el escudo creado ante los intentos de compra por parte de inversores de fuera de la Unión Europea que puedan tratar de aprovechar la debacle bursátil; mientras que flexibiliza los calendarios de salida a Bolsa de entidades financieras como Ibercaja.

Finalmente, el Ejecutivo ampara el mantenimiento de una actividad mínima en la industria exportadora o la que tenga maquinaria que no pueda paralizar para asegurar su supervivencia. Y, como broche, el decreto amplía las medidas de excepción ya aprobadas en un mes desde el final del estado de alarma. Los representantes del Gobierno admitieron que este habrá cometido “errores” durante la gestión de la pandemia, pero defendieron su actitud de “escucha” y rectificación en una situación inédita.

La letra pequeña del decreto

Control. El Ministerio de Hacienda ha elevado el control financiero que ejerce sobre comunidades autónomas al obligarles a informar mensualmente, y trimestralmente en el caso de los ayuntamientos, de las actuaciones aprobadas ante la pandemia.

Aplazamientos. El decreto también abre la puerta a aplazar el reembolso de préstamos concedidos por regiones y municipios en el caso de empresas y autónomos afectados por la crisis.

Cancelaciones. La norma también permite cancelar viajes, cuotas de gimnasio o academias una vez concluido el estado de alarma.

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