La abogacía se moviliza para exigir la congelación de las cuotas colegiales

Los letrados se quejan de tener que pagar la tasa obligatoria pese al parón judicial. El CGAE negocia con Justicia ayudas específicas para el colectivo

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, en una imagen de archivo.
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, en una imagen de archivo. EFE.

Ha sido un frenazo en seco, como si alguien hubiera tirado del freno de mano”. Con este símil, el abogado vigués Manuel Ángel García intenta describir el parón profesional que ha sufrido desde que se decretó el estado de alarma. Como recuerda el letrado, más allá de la suspensión de plazos y procesos judiciales, la cuarentena ha supuesto la paralización de la vida social y de los asuntos que dan trabajo a la mayoría de pequeños despachos: divorcios, herencias, denuncias por delitos leves, etc.

Ante la inminente y drástica reducción de ingresos, García y otros 40 compañeros han decidido presentar un escrito ante el Colegio de Abogados de Vigo. En él solicitan, entre otras medidas, que se exima a todos los abogados de la provincia del pago de las cuotas colegiales hasta que se levante el estado de alarma.

Los letrados de Vigo no han sido los únicos que han pedido dejar de pagar esta tasa obligatoria. Casi 500 abogados sevillanos han promovido una petición similar. Entre tanto, en Madrid, la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) ha impulsado una campaña para que se condone el 50% de las cuotas del segundo trimestre de 2020 a los más de 78.000 colegiados que ejercen en la capital.

José Muelas, presidente de la Red de Abogadas y Abogados de España, que aglutina a alrededor de 2.000 profesionales, secunda estas reivindicaciones, pero cree que deberían ir más allá del ámbito colegial. Desde su punto de vista, “es urgente” que las distintas comunidades procedan al pago de los recibos atrasados del turno de oficio y que la Administración de Justicia “libere” las costas que se encuentran retenidas en las cuentas bancarias de los juzgados.

Muelas incide, por otro lado, en que el Gobierno ha aprobado un importante paquete de ayudas destinadas a empresas y trabajadores, pero “se ha olvidado” de los profesionales que ejercen por cuenta propia y que no cotizan a la Seguridad Social, sino a mutualidades. “No pueden acceder ni al subsidio por desempleo ni a las líneas de crédito, y si quieren hacer un ERTE tienen que demostrar una bajada de ingresos del 75%. Si esta crisis se prolonga, ¿de qué van a vivir?”, se pregunta.

Negociaciones

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, dice estar al tanto de esta inquietud y aclara que el órgano lleva semanas trabajando “para que ningún abogado se quede atrás”. En concreto, según afirma, la Comisión Permanente del CGAE ha mantenido varias reuniones con representantes del Gobierno para reclamarles que se extiendan las ayudas a los abogados que no cotizan en el régimen de autónomos (RETA).

Asimismo, el CGAE ha solicitado que se agilice el pago del turno de oficio en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia (cinco comunidades autónomas) y está en permanente contacto con los 83 colegios de abogados para estudiar “medidas horizontales que beneficien a todos los letrados”. No obstante, Ortega destaca que estas instituciones prestan un servicio esencial a la ciudadanía y deben seguir en funcionamiento. “Quien pueda pagar las tasas debe seguir haciéndolo”, sentencia.

De momento, una veintena de colegios ha reaccionado. En Madrid, los abogados que lo soliciten podrán prorrogar el pago de las cuotas del tercer trimestre hasta 2021. El colegio madrileño, además, ha aprobado una partida de un millón de euros en ayudas directas para los asociados “más vulnerables”. Por su parte, el Colegio de Barcelona permitirá a sus letrados aplazar el pago de seis mensualidades. Otras entidades profesionales, como los colegios de Tarragona y Logroño, han decidido condonar en su totalidad la cuota de abril.

Las ayudas aprobadas por el Gobierno

Subsidio para atónomos

Todos los autónomos que hayan visto interrumpida su actividad o demuestren una bajada de ingresos del 75% tendrán derecho a una prestación similar al subsidio por desempleo.

Avales

El Ejecutivo ha puesto en marcha un primer tramo de avales de 20.000 millones para garantizar la liquidez de las empresas. El aval tendrá carácter retroactivo y podrá solicitarse para operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del decreto de emergencia.

Impuestos

El plazo de los procedimientos tributarios ya iniciados se extenderá hasta el 30 de abril. Además, las empresas que se acojan al mecanismo de liquidez no recibirán apremios por impago mientras no reciban la financiación solicitada.

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