Los proveedores temen un repunte de la morosidad ante el parón de la actividad
La industria de materiales de construcción alarma de retrasos y falta de crédito
La reducción de la actividad en el país estrictamente a lo esencial, en un contexto en el que ya se percibía la máxima protección a las tesorerías, ha disparado el temor de los proveedores de grandes compañías y de la Administración a una escalada de la morosidad.
No faltan referencias que han activado medidas para acelerar el pago de sus facturas, como Telefónica, Naturgy, Bankinter, Vodafone, el puerto de Cartagena, el Ayuntamiento de Murcia o el Cabildo de Tenerife. Pero hay sectores, como el de la construcción o el de los servicios urbanos y de seguridad, en los que se siente la amenaza de no cobrar.
La patronal de empresas de seguridad Aproser ha advertido que el sector se tambalea ante una repentina caída de los ingresos por los cierres generalizados entre los clientes. Pese a tratarse de un sector esencial, la solución el pasado viernes era sumarse a la vía de los ERTE. En el nuevo contexto, de restricción a los ajustes, al sector le queda esperar el cobro del trabajo ya desempeñado.
Las empresas de seguridad ibas directas hacia los ajustes, ahora más restringidos, ante la drástica reducción de ingresos
En igual o mayor estado de alarma están los suministradores de materiales de construcción. “Estábamos apreciando que la morosidad pública se mantenía en los términos previos a la crisis, pero percibimos aumento en la privada”, explica Luis Rodulfo, director general de Cepco. El colectivo va a pedir al Ejecutivo un impulso al pago a proveedores, y también alertará de otro lastre que ya pesó en la anterior crisis: el cierre del crédito a parte de la industria.
“El Gobierno había buscado mantener viva la construcción para garantizar un nivel mínimo de actividad en la economía, pero los CNAE vinculados al suministro a ese sector habían quedado fuera de los avales prestados para generar liquidez. Nuestras empresas han estado pidiendo créditos y se les han denegado”, se queja el representante de Cepco.
La construcción, y con ella la mayor parte de la cadena de suministros, acompaña ya en este lunes la paralización generalizada en actividades no esenciales.
Entre la banca, argumentan fuentes financieras, comienza a hablarse de riesgo de insolvencia de pequeñas y medianas constructoras. En este escenario, “no será extraño que numerosos proveedores cierren el flujo de suministros incluso una vez levantado el estado de alarma, lo que sería una tremenda carga para una rápida recuperación”, apunta el responsable de uno de los colectivos de la industria pesada española.
La Plataforma contra la Morosidad urge el pago de 14.000 millones a la Administración
Desde la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) se ha puesto énfasis en que la concesión de avales del Gobierno, en un contexto de bloqueo de la actividad económica, debe aliviar la falta de liquidez producida por el previsible amontonamiento de impagos o aplazamientos.
Una de las palancas de liquidez está en manos del Estado, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). El montante adeudado por las Administraciones públicas a sus proveedores, incluyendo marzo, ronda los 14.000 millones, según cálculos del colectivo. Acelerar esos pagos daría aire a buena parte del tejido empresarial.
La obra pública, en el aire ante la presión del gasto social
El Gobierno ha tomado medidas para garantizar que se mantendrán intactos los contratos de obra pública que deban ser suspendidos por el efecto del coronavirus. Pero más allá, el temor está en un estrangulamiento de la licitación pública a corto y medio plazo.
Un alto cargo del Gobierno consultado por este periódico asegura que entidades públicas como Adif o Aena tienen la orden de mantener la aprobación de licitaciones para activarlas gradualmente cuando sea levantado el estado de alarma. De momento, el lanzamiento de nuevas inversiones está paralizado y la vuelta a la normalidad, explica, va a depender de la presión del gasto social, a la vista de la creciente factura sanitaria y por desempleo.
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