La Comunidad de Madrid reducirá al mínimo las rentas del alquiler en vivienda social
Alrededor de 75.000 personas que viven en las más de 23.200 casas podrían beneficiarse de la medida
La Comunidad de Madrid, como ya han anunciado otras administraciones como la Generalitat de Cataluña, Murcia o los ayuntamientos de Madrid y Alicante, prepara medidas para ayudar a las personas golpeadas por la crisis del coronavirus y que viven alquiladas, a la espera de que el Gobierno central amplíe el paquete de protección hacia los colectivos vulnerables y que recoge, entre otros puntos, una moratoria hipotecaria.
La región que preside Isabel Díaz Ayuso ha iniciado este martes la tramitación administrativa urgente para poner en marcha un decreto mediante el cual los inquilinos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) que se encuentren en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia del Covid-19 puedan ver reducidas sus rentas mensuales de alquiler al mínimo, una cifra que se queda en los 46,56 euros. Según ha detallado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, “los posibles beneficiarios de esta reducción serían alrededor de 75.000 personas, que viven en las más de 23.200 viviendas de la AVS”.
En el paquete entrarán los trabajadores por cuenta ajena que han sido despedidos o se han visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), así como los autónomos que han sufrido una caída en sus ingresos de al menos el 40%, de acuerdo con lo previsto en el real decreto presentado por el Gobierno central, que hace referencia únicamente a los afectados por el virus que tienen que hacer frente al pago de una hipoteca.
La reducción que prepara Madrid consistiría en que los inquilinos únicamente habrían de abonar la renta mínima durante el periodo de alarma, sin perjuicio de que una vez finalizado este periodo puedan beneficiarse del régimen general de reducción de renta si cumplen las condiciones previstas en los decretos correspondientes.
La Región de Murcia confirmó ayer que eximirá del pago de alquiler a un total de 1.845 familias que son inquilinas de viviendas sociales. Cataluña hará lo propio con el parque público de vivienda, que asciende a 23.500 hogares. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), dejará de cobrar el alquiler a sus cerca de 6.000 inquilinos, algo que también ha comunicado el consistorio de Alicante.
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