Trabajo refuerza el SEPE con un millar de interinos para evitar el colapso de las prestaciones

CCOO cree que serían necesarios 2.500 trabajadores para tramitar a tiempo el aluvión de ayudas de los afectados por los ERTE

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social va a reforzar la plantilla del Servicio Público Estatal (SEPE) con alrededor de 1.000 trabajadores para intentar evitar el colapso en el reconocimiento de las prestaciones por desempleo a las decenas de miles de trabajadores afectados por Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y al resto de trabajadores que pierden su empleo también de forma definitiva.

Así lo confirmaron ayer fuentes de este departamento que dirige Yolanda Díaz, que precisaron que este refuerzo se cubrirá con trabajadores interinos.

La plantilla del SEPE estatal es la encargada de recibir las solicitudes de las prestaciones de desempleo que les llegarán desde las 17 direcciones generales de Trabajo de las comunidades autónomas, que son las que reciben, analizan y, en su caso, autorizan los ERTE de fuerza mayor.

Así, la competencia de autorizar estos ajustes es autonómica, pero la labor de reconocer la prestación por desempleo que cobrarán los afectados por ERTE, así como los trabajadores que hayan sido despedidos individualmente o terminado su contrato temporal y por despidos individuales, es una competencia estatal que hace el SEPE. De ahí la necesidad de reforzar su plantilla para que no haya cuellos de botella en el reconocimiento de dichas ayudas, que es el paso previo e indispensable para su cobro.

Pese a esto, desde el sindicato CC OO consideraban ayer que este refuerzo será insuficiente, ya que calculan que sería necesaria la incorporación de unos 2.500 trabajadores al SEPE o, de lo contrario, las medidas de apoyo, fundamentalmente las relacionadas con los ERTE de fuerza mayor, “caerán como un castillo de naipes”.

Junto a esta demanda, el sindicato reclamó ayer también un refuerzo de unas 250 personas para la plantilla del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que se encargará de gestionar los salarios impagados y las indemnizaciones de los trabajadores de las empresas que cierren y sean insolventes. En la actualidad este organismo apenas cuenta con los 350 efectivos a nivel estatal y “la situación puede llegar a ser aún más dramática”.

En principio, los trabajadores afectados por un ERTE no tendrán que solicitar personal o telemáticamente su prestación por desempleo para el tiempo en el que su empleo esté suspendido, tal y como era habitual antes de esta crisis. Ahora, será la empresa la que deba comunicar los datos del trabajador a la autoridad laboral autonómica y esta se los facilitará al SEPE para que le reconozca la prestación.

Si bien desde los sindicatos recomendaban ayer a los trabajadores que, en la medida de lo posible, se aseguren de que sus datos han llegado al SEPE porque, de lo contrario, no podrán cobrar la prestación.

Asimismo, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT pidió también a las empresas que, a pesar de no estar obligadas a negociar los ERTE por fuerza mayor con los representantes de sus trabajadores, lo hagan igualmente para asegurar unas condiciones “dignas” para los trabajadores afectados y “evitar abusos”.

Por su parte, los secretarios de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, reclamaron ayer a la ministra de Economía, Nadia Calviño, en una entrevista telemática, más protección para los trabajadores y las trabajadoras ocupados que tienen que trabajar presencialmente y, en especial, han reclamado el suministro masivo de Equipos de Protección Individual (EPI).

Asimismo, los líderes sindicales exigieron a Calviño la adopción de nuevas ayudas para quienes hayan agotado la prestación por desempleo, para las empleadas de hogar, demandantes de empleo sin cobertura de prestación alguna, eventuales del campo sin derecho a protección por desempleo, y para quienes han tenido que dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de familiares, además de algún tipo de moratoria para alquileres.

Silencio administrativo

  • Trámites. Donde el Gobierno no quiere que haya atascos es en la tramitación de los ERTE por fuerza mayor. Estos requieren el visto bueno de las autoridades laborales de las comunidades donde opera la empresa o de la Dirección General de Trabajo estatal si operan en varias comunidades. Por ello, ante la posibilidad de que los funcionarios se vean desbordados por el aluvión de ERTE, el Gobierno ha estipulado que opere el silencio administrativo. Esto es, si transcurridos los cinco días que fija la ley, la autoridad laboral no ha evaluado el ERTE, este quedará autorizado automáticamente.
  • Garantías. Los sindicatos se mostraron contrarios a este silencio administrativo y pidieron ayer también al Gobierno que impida los despidos individuales o que ligue las ayudas a empresas a la no destrucción de empleos.
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