Las eléctricas se adelantan a las medidas de apoyo a los consumidores
Ribera impone garantías mínimas para no depender de la voluntad de las empresas
Aunque el plan de medidas urgentes y extraordinarias del Gobierno contra la crisis del coronavirus es temporal y revisable, en el ámbito energético las compañías del sector reconocen que se les ha exigido poco. De hecho, las grandes ya iban por delante en medidas de apoyo a sus clientes. El Real Decreto Ley que entró ayer en vigor establece la prohibición de cortar el suministro eléctrico (también los del gas natural y el agua) en el próximo mes a los consumidores considerados vulnerables. Se trata de tres grupos (vulnerables, vulnerables severos y vulnerables en riesgo de exclusión social) a los que la ley ya impide cortar la luz (en el último caso) y hasta pasados cuatro meses desde el impago, en los dos primeros casos.
De facto, aseguran distintas fuentes a ninguno de estos colectivos, que suman casi 1,3 millones de beneficiarios, se les está cortando el suministro. Además, entre las medidas de las empresas, como es el caso de Endesa contra la crisis sanitaria, figura la de “no cortar el suministro a ningún cliente, ya sea vulnerable o no”, señala una fuente de la compañía. En cualquier caso, el Ministerio para la Transición Ecológica ha preferido imponer por ley unas garantías mínimas para evitar estar en manos de la simple voluntad de las empresas, indican fuentes políticas.
A efectos del RDL, en el caso del gas natural, donde no existe la catalogación de vulnerable, se aplicarán los mismos requisitos que los que dan derecho al bono eléctrico. Otro tanto se aplicará para e agua, un servicio geralmente municipalizado.
La segunda medida del Gobierno establece que la revisión del bono social se amplía hasta el 15 de septiembre. Dichas revisiones se hacen cada dos años, por lo que quien tenga que hacerlo antes se ahorra el trámite, de manera que la cartera de actuales beneficiarios seguirá igual hasta esa fecha. Además, se ampliará con toda seguridad con quienes lo soliciten hasta entonces pues, dado el parón económico y el fuerte desempleo en ciernes, la vulnerabilidad se podría incrementar de forma considerable. El bono social lo financian todas las comercializadoras eléctricas, grandes y pequeñas.
Por último, el RDL congela durante seis meses la tarifa de último recurso del gas natural (que se determina a través de subastas trimestrales) así como los precios máximos de los gases licuados del petróleo o GLP (butano y propano). Precisamente, el de la bombona se tenía que haber revisado ayer mismo. La TUR del gas de este trimestre es la misma que la del último trimestre del año pasado y dada la evolución a la baja de los combustibles, todo apuntaría a próximos descensos.
Sin embargo, los datos del Gobierno apuntan a posibles subidas que quiere evitar. Tal era el caso del butano en la revisión de ayer, de la que se derivaba una subida que el RDL ha paralizado. Si de las fórmulas de revisión se derivasen bajadas, no se pone en duda de que el Gobierno las aplicaría, señalan fuentes del sector.
Financiación
Las ofertas solidarias de las eléctricas se centran fundamentalmente en el aplazamiento del pago de los recibos sin intereses. Así, Naturgy permitirá a sus clientes pymes y autónomos los recibos que se emitan en el segundo trimestre el pago prorrateado a lo largo del segundo semestre. En el caso de Iberdrola, también ha ofrecido este aplazamiento para hogares, pymes y autónomos durante 12 meses y reforzar la garantía de suministro en hospitales o lugares habilitados como tal. Tras estas ofertas subyace también una cierta batalla por captar clientes.
Endesa se ha anotado otro tanto al ofrecer también la posibilidad de que los usuarios puedan adaptar sus contratos bajando en cualquier momento la potencia contratada, algo que solo se puede hacer una vez al año. De nada les sirve a las pequeñas y medianas empresas mantener potencias altas en momentos en que han parado la producción, con lo que pagarán un fijo muy elevado. Al retomar la actividad, estos clientes podrán volver a subirla. El consumo doméstico, sin embargo, podría subir durante el tiempo en que la población tenga limitada la libertad de movimientos y estén obligados a guardar cuarentena.
Esta flexibilidad en la contratación era una de las peticiones de las pymes y autónomos y, aunque el Gobierno finalmente no la ha incluido en el RDL,no se descarta un giro en este sentido. Esos colectivos se han sentido los menos favorecidos del plan del Gobierno, incluidas las medidas energéticas y están presionando para ser mejorados.
¿Quienes son los vulnerables?
A efectos del RDL de medidas urgentes contra el coronavirus, los consumidores vulnerables del agua y el gas son los mismos que los de la electricidad con derecho al bono social de la tarifa. Existen tres grupos: los vulnerables, vulnerables severos y los que están en riesgo de exclusión social
El primero lo integran familias con determinados niveles de consumo, renta (entre 1,5 y 2,5 el IPREM) y número de hijos. También lo incluyen las familias numerosas (en este caso, sin tope de renta); minusválidos con una discapacidad superior al 33%; pensionistas mínimos; familias monoparentales con determinada renta y víctimas de terrorismo y de violencia de género. Todos tienen un descuento del 25% y no se les puede cortar la luz en cuatro meses desde el primer impago.
Los vulnerables severos, con un descuento de hasta el 40%, lo componen los beneficiarios anteriores con un 50% menos de rentas; las familias numerosas con ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y pensionistas con menos de 7.520 euros. Para estos rige la misma norma de cuatro meses para el corte de suministro
Los vulnerables en riesgo de exclusión social son los usuarios atendidos por los servicios sociales de los ayuntamientos. Tienen un descuento del 100% y no se les puede cortar la luz.
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