Crisis sanitaria

¿Qué supone la declaración del estado de alarma?

Contempla la limitación de movimientos, la intervención y ocupación de fábricas o el racionamiento de artículos de primera necesidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de declarar el Estado de Alarma si la situación empeora. En cualquier caso, esta medida de carácter excepcional deberá ser implantada mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros, publicada automáticamente en el Boletín Oficial del Estado y en los medios de comunicación, y podría aplicarse a todo el territorio español o tan solo a una parte de él. Podrá tener una duración máxima de 15 días, que solo tendrá potestad para prorrogar el Congreso si así lo considera, según establece la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, y regula la Constitución.

Si finalmente el Ejecutivo de Pedro Sánchez decide ponerlo en marcha, todas las autoridades civiles de la Administración Pública así como los cuerpos de seguridad autonómicos o locales, quedarán bajo las órdenes de la autoridad competente, es decir, el Gobierno o el presidente de la comunidad autónoma si solo afecta a una región determinada.

No obstante, el resto de ciudadanos también verían sus vidas interrumpidas por esta medida pues el Gobierno podría limitar su circulación o permanencia, así como la de vehículos, a ciertas horas y en determinados lugares o condicionarlo a ciertos requisitos. Asimismo, podría requisar temporalmente cualquier tipo de bien e intervenir y ocupar industrias, fábricas o cualquier otro tipo de local —e incluso movilizar de personal de las empresas—, aunque los domicilios particulares quedan exentos en este sentido. El Ejecutivo también podrá limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad e impartir órdenes para garantizar el abastecimiento o el funcionamiento de los servicios.

Por último, tal y como establece la Constitución, mientras esté declarado el Estado de Alarma, no se podrá disolver el Congreso ni interrumpir el funcionamiento de las Cámaras.

Aunque la ley no establece qué medidas se podrían aplicar al ciudadano si incumple lo dictado por el Ejecutivo, sí hace mención a las consecuencias para un funcionario, que sería suspendido de su puesto.

La ley contempla que el Estado de Alarma se puede aplicar ante catástrofes medioambientales, situaciones de desabastecimiento, paralización de los servicios públicos esenciales y crisis sanitarias, como epidemias o pandemias (como es el caso del coronavirus).

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