Los técnicos de Hacienda dudan de que una tasa Google global sustituya a la española en 2020

La postura de EE UU complica un pacto del G-20 este mismo año

La Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
La Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. EFE

Los ministros de Economía y Finanzas del G-20 se reunieron en Riad (Arabia Saudí) hace un par de semanas para analizar la evolución de la economía prevista para 2020 y 2021 en un entorno complejo, marcado por las tensiones comerciales y los efectos del coronavirus. Más allá, los responsables económicos de las grandes potencias acordaron impulsar un marco fiscal global que permita gravar correctamente a las firmas digitales y las multinacionales. Aunque su objetivo es lograr un pacto internacional antes de que concluya 2020 diseñando un impuesto que España adoptaría en sustitución de la nueva tasa Google propuesta por el Gobierno, los técnicos del Ministerio de Hacienda dudan de que ese relevo pueda darse este mismo año.

“Nosotros no somos optimistas con que ese calendario se pueda cumplir”, avanza a este diario José María Mollinedo, secretario general de la organización de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). En su opinión, aunque los miembros del G-20 hayan ratificado el pasado fin de semana su intención de impulsar una fiscalidad global para las multinacionales este mismo año, “una cosa es lo que desearían, y otra cosa es que finalmente sean capaces de alcanzar ese acuerdo”.

El principal escollo, apunta, es la posición de la Administración norteamericana que dirige Donald Trump. “Las elecciones presidenciales en EE UU pueden tener un papel importante en el devenir de los acontecimientos”, expone Mollinedo, que considera que este país ha dado pasos inequívocos para “torpedear” el posible acuerdo global a fin de proteger a sus empresas –entre las que se encuentran algunas de las multinacionales tecnológicas que se busca comenzar a gravar– o, en todo caso, velar porque los incrementos en la recaudación que se consigan redunden dentro de sus fronteras.

Así, de un lado, el G-20 y la OCDE vienen negociando una doble medida para permitir, de un lado, que las grandes multinacionales tributen en aquellos países en que operan, aún sin presencia física, y, de otro, para limitar su capacidad para desplazar sus beneficios de unos territorios a otros.

Sin embargo, EE UU ha puesto sobre la mesa una propuesta alternativa: que ese tipo de compañías puedan tributar por toda su actividad global en un único territorio, uno considerado un “puerto seguro”. “Eso supone un jarrón de agua fría sobre las expectativas de acuerdo del G-20 para finales de año”, exponen en Gestha, donde consideran que la idea va en contra de los tres años que ha costado dibujar un esquema de pacto global. Mollinedo asume que la intención de EE UU es presentarse como ese “puerto seguro” para que la recaudación repercuta en sus arcas públicas y bajo sus condiciones.

De momento, el Gobierno español ha propuesto impulsar una tasa que grave al 3% la publicidad online, las plataformas de intermediación y la venta de datos, en el caso de empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y al menos tres en España. El compromiso es sustituir esa tasa por la internacional cuando se alcance un acuerdo.

Más allá de esta promesa, Hacienda ha decidido retrasar excepcionalmente este año la liquidación del impuesto hasta finales de diciembre, frente al pago trimestral previsto a partir de 2021, a fin de dar tiempo al acuerdo de la OCDE. El objetivo es tratar de sortear la amenaza de imposición de nuevos aranceles que EE UU ha puesto sobre la mesa para quien comience a gravar a sus compañías de forma unilateral, siguiendo el ejemplo de Francia, que ha hecho lo mismo con una tasa similar aprobada en 2019.

En Gestha asumen que, pese al riesgo de sufrir repercusiones, la aprobación de tasas unilaterales contribuye a elevar la presión para alcanzar cuanto antes un pacto global. Además, recuerda Mollinedo, los 968 millones que espera recaudar España son una cifra inferior a la que lograría una vez que opere un marco fiscal global que permita que más allá de las firmas digitales, otras multinacionales tributen en España por Sociedades a un tipo nominal del 25%.

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